El PSOE de Castilla y León anunció ayer que fijará “condiciones tajantes” antes de sentarse a hablar de una reforma sanitaria, como el blindaje de los servicios médicos existentes en el medio rural en la actualidad, después de que la pasada semana se negara a acudir a una reunión convocada por la Consejería.
La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, hizo este planteamiento en una rueda de prensa convocada en el municipio burgalés de Aranda de Duero.
Sánchez se refirió a la proposición no de ley que defenderá su grupo parlamentario el próximo miércoles en el Pleno de las Cortes, en la que demandan a la Junta “abordar con seriedad la reforma necesaria de la sanidad” en la Comunidad.
Entre estos requisitos que expone la PNL se encuentra la reversión de los recortes en sanidad llevados a cabo en los últimos años hasta recuperar la dotación de plantillas existente anteriormente, “porque están a la mitad prácticamente en todas las zonas”, indicó Sánchez.
Asimismo pidió una dotación presupuestaria para la legislatura y apoyar la reforma del Estatuto de Autonomía, blindando el suelo social, al menos dotado con una cantidad equivalente al 12% del PIB para destinarlo a la inversión en políticas sociales.
Para la secretaria de Organización del PSOE es “imprescindible” contar con financiación para no seguir consolidando recortes. Asimismo, el PSOE pidió al Gobierno autonómico blindar la asistencia médica y cualquier servicio público en el medio rural para no acelerar aún más la despoblación.
Ana Sánchez acusó a PP y Ciudadanos de no abordar con seriedad los problemas y tener un desconocimiento “profundo” de la realidad del medio rural de la Comunidad.
“Por eso no nos sentamos en una mesa a firmar un pacto por la sanidad a cualquier precio ni hacemos el paripé con la consejera de Sanidad. ¿En qué mesa nos sentamos, en la de Ciudadanos o en la del Partido Popular, si cada uno da unas cifras?”, se preguntó en referencia a las últimas discrepancias sobre la publicación de las listas de espera.
Igualmente reiteró la petición de que se retire el plan anunciado por el Gobierno autonómico, por haber sido diseñado sin consenso y con total falta de transparencia y se ponga sobre la mesa uno nuevo, “hablando con todos los implicados, sanitarios, sindicatos, vecinos…”.
