El Gobierno en funciones tiene previsto revalorizar las pensiones un 0,9% en 2020 con un coste presupuestario de 1.404 millones de euros, en un contexto de mayor ralentización económica que le ha llevado a rebajar una décima el crecimiento previsto para 2019, al 2,1%, y para 2020, al 1,8%.
Son las dos principales novedades del Plan Presupuestario para 2020 remitido ayer a la Comisión Europea, realizado con un escenario fiscal inercial (sin medidas adicionales) y con unas previsiones macroeconómicas corregidas por el efecto de la reciente revisión de la contabilidad nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se espera un patrón de crecimiento más equilibrado, de forma que en 2019 la demanda nacional (consumo e inversión) aportará 1,5 puntos del avance previsto y la demanda externa (exportaciones e importaciones) contribuirá con 0,6.
En 2020, la demanda interna aumentará su aportación hasta 1,6 puntos, mientras que la contribución del sector exterior disminuirá a 0,2 puntos.
Esta senda es coherente con una menor creación de empleo, que avanzará el 2,3% en 2019 y el 2% en 2020, lo que permitirá seguir reduciendo la tasa de paro hasta el 13,8% este año y el 12,3% en 2020, igual que en las anteriores estimaciones.
Nuevo cuadro
Pese a la menor creación de empleo, el consumo privado se verá favorecido por el incremento de los salarios reales y por una inflación contenida.
En 2019 se mantiene la meta de déficit público en el 2% del PIB, en tanto que para 2020 se calcula una corrección cíclica al 1,7% del PIB, ya que no se incluyen las medidas tributarias de los fallidos presupuestos de 2019, con la idea de que se podrán retomar en los presupuestos de 2020 si los socialistas vuelven a gobernar.
No obstante, el plan incluye una revalorización de las pensiones para 2020 del 0,9%, después de que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se comprometiera a aprobar la subida en diciembre para mantener su poder adquisitivo.
En el texto se explica que para decidir la subida se ha tomado el índice de precios de consumo (IPC) previsto para 2019, si bien el nuevo cuadro macroeconómico contempla un deflactor del consumo (indicador similar al IPC) del 1,6% en 2020.
El plan también recoge el cumplimiento al acuerdo salarial para los empleados públicos firmado por el anterior Gobierno del PP en marzo de 2018, que contempla un subida en 2020 del 2,3% (2% fijo más un 0,3% de fondos adicionales), lo que junto a la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado costará 3.264 millones.
El documento no detalla el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020, ni su impacto en las arcas del Estado, pero sí recoge una partida de 336 millones para ampliar el permiso de paternidad de paternidad de 8 a 12 semanas.
Ingresos
Asimismo contempla que la recuperación del subsidio para mayores de 52 años (respecto a los 55 años previos) supondrá un incremento del gasto de 400 millones de euros, pero un aumento también de los ingresos por cotizaciones de dichas prestaciones de 200 millones.
Dentro de los ingresos de la Seguridad Social incluye además el impacto anual de 500 millones que desde 2020 tendrá la reorganización de los incentivos a la contratación, como resultado de la revisión que está llevando a cabo la AIReF.
Según el plan, la recaudación tributaria crecerá un 4,8% interanual en 2020, con la previsión de que los ingresos por impuestos sobre la producción y las importaciones (donde se incluye el IVA o el impuesto de hidrocarburos) repunten un 4,6% y los que gravan la renta y la riqueza (como el IRPF o el impuesto de sociedades) aumenten un 5%.
Las ministras de Hacienda y de Economía en funciones, María Jesús Montero y Nadia Calviño, achacaron la rebaja de las previsiones de crecimiento económico a la revisión estadística llevada a cabo por el INE.
Montero insistió en que el crecimiento previsto es “robusto, sólido, con creación de empleo” y compatible con la rebaja del déficit y el endeudamiento. Asimismo, subrayó que el avance del PIB está aún “muy por encima de los países de la zona euro”.
Por su parte, la ministra de Economía consideró, en relación a una posible crisis económica no solo a nivel nacional, sino global, que “la probabilidad no es elevada y nadie ve en el corto plazo que se vaya a producir una recesión en la Unión Europea y menos en España”.
