La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenará por delitos de sedición y malversación a los nueve líderes independentistas en prisión que fueron juzgados por el ‘procés’ independentista en Cataluña, rechazando las penas por rebelión solicitadas por la Fiscalía, según publicaron diversos medios de comunicación. De este modo, los siete magistrados de forma unánime según las mismas informaciones optaron por la calificación jurídica que defendió la Abogacía del Estado. La sedición es un delito contra el orden público que no requiere el uso instrumental de la violencia para conseguir sus fines y está castigado con penas notablemente inferiores a la rebelión.
La sentencia, sin embargo, aún no cuenta con la firma de los siete magistrados que han juzgado este asunto, un trámite que estaba previsto para el próximo lunes. Hasta ese momento cualquiera de los magistrados puede anunciar la presentación de un voto particular, señalaron fuentes jurídicas
Abogacía del Estado
La Abogacía del Estado solicitó 12 años de cárcel para el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; 11 para el resto de exconsejeros en prisión, —Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa —; 10 para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y ocho para líderes sociales Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural).
Según las mismas informaciones, los tres exconsejeros en libertad Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila, sobre los que pesaban acusaciones de malversación y desobediencia serán absueltos de el primero de estos delitos, que es el que conlleva penas de prisión, por lo que únicamente serán condenados a inhabilitación y multa por la segunda de las conductas.
La sedición se regula en el artículo 544 del Código Penal, se aplica a quienes se alcen “pública y tumultuariamente” para impedir “por la fuerza o fuera de las vías legales” el cumplimiento de las leyes o el ejercicio de las funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público.
Este artículo del Código Penal, recogido en el capítulo de delitos contra el orden público, castiga con penas de prisión de ocho a 10 años a quienes hayan “inducido, sostenido o dirigido” la sedición y con la de 10 a 15 años de prisión a las personas “constituidas en autoridad”.
Al asumir esta postura, la Abogacía del Estado pidió penas rebajadas casi a la mitad con respecto a las instadas en su día por el Ministerio Público, que llegaban a los 25 años de cárcel en el caso de Junqueras.
