Los restos de Francisco Franco estarán fuera del Valle de los Caídos antes del 25 de octubre, dieciséis meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciese la promesa de trasladar el cuerpo del dictador fuera de su mausoleo.
El Consejo de Ministros aprobó ayer su tercera —y última, según la vicepresidenta Carmen Calvo— resolución sobre Franco, aunque no procederá a la exhumación de forma inminente porque el operativo no está terminado y porque avisará a la familia con 48 horas de antelación.
La fecha más probable será entre el 18 y el 22 de octubre, señalan desde el Ejecutivo.
En cualquier caso, el Valle de los Caídos está cerrado desde ayer para preparar todo el operativo. Y así permanecerá hasta después de la exhumación y del traslado de los restos de Franco al lugar de su nueva sepultura, el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, según informó el Ejecutivo.
Calvo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo que el procedimiento de la exhumación será privado, con la única asistencia de los familiares, la ministra de Justicia, Dolores Delgado —como notaria mayor del Reino— y los operarios encargados.
Si la familia lo desea, además, se celebrará una ceremonia religiosa, según precisa el Gobierno.
Los medios de comunicación no estarán presentes en la basílica en el momento de la exhumación, pero sí en las zonas públicas del Valle de los Caídos que se habiliten para facilitar, según manifestó la vicepresidenta, el “derecho a la información” sobre este acontecimiento.
No quiso Calvo dar detalles del traslado, que se está ultimando para que sea de la forma “técnicamente más segura y lo menos incómoda posible para los ciudadanos”, y tampoco descartó que vaya a ser en helicóptero.
En varias ocasiones quiso dejar claro la vicepresidenta que ya no hay marcha atrás y que la exhumación se va a llevar a cabo porque hay una sentencia firme del Tribunal Supremo, que es “la cúspide de la Justicia” y su autorización es “más que suficiente”.
Además, puso en valor que no solo el poder judicial, sino los tres poderes del Estado —el legislativo y el Ejecutivo también— están “alineados” en este asunto.
Por eso, subrayó que al Gobierno no le preocupa “nada” que el prior del Valle de los Caídos haya amenazado con impedir la exhumación, porque todo el mundo tiene que acatar las leyes, también quienes pertenecen a una orden religiosa.
Asimismo, recordó que la Iglesia Católica “nunca se ha opuesto” a la exhumación e insistió, en cualquier caso, en que el Gobierno “va pertrechado de una sentencia del Supremo”.
El Ejecutivo, además, sigue adelante pese al último intento de la familia recurriendo al Tribunal Constitucional.
El Constitucional decide a principios de la próxima semana si acuerda o no la paralización de la exhumación, aunque es una posibilidad remota a la vista de las pocas medidas cautelarísimas que acuerda este órgano.
Dignidad
Tras dar la noticia de la exhumación, Carmen Calvo defendió que el Gobierno haya dado una horquilla y no una fecha concreta, porque según explicó, hay que tener el Valle cerrado varios días por seguridad y para organizar todo el operativo.
Se trata en definitiva, señaló la vicepresidenta, de “elementos técnicos”, cuando “lo importante” es que los restos del dictador estarán fuera del Valle de los Caídos antes del 25 de octubre. Una fecha a la que, en cualquier caso, el Ejecutivo no tiene intención de llegar, apuntan desde Moncloa.
La vicepresidenta explicó que será ella misma quien, tras concluir todos los trabajos preparatorios, dé una fecha a Pedro Sánchez para que le dé el visto bueno y se avise a la familia. Los medios de comunicación también serán informados, junto con la familia, 48 horas antes.
Carmen Calvo subrayó la “satisfacción extraordinaria” que supone para el Gobierno cumplir con esta promesa que conlleva “cerrar con dignidad lo que no era digno”.
El Gobierno quiere ahora, concluyó, que el Valle de los Caídos sea un lugar que “se circunscriba a la paz, al perdón a la justicia de las víctimas de la atroz contienda” que vivió España.
