Castilla y León se situó a la cabeza de España al ser una de las dos primeras comunidades de España, junto al País Vasco, que han obtenido un sobresaliente en el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, que evalúa cada seis meses la aplicación de la ley desde hace cinco años.
Ambas regiones han recibido un «diez sobre diez», la máxima puntuación en todos los parámetros de eficiencia elegidos por la Asociación Española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para medir la aplicación del sistema, tales como gestión, servicios, listas de espera, gastos por habitante o investigación, entre otros.
Así lo anunció ayer el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, quien lamentó que se sigan «cronificando las puntuaciones paupérrimas» de Canarias, con un 0,5; Valencia, con un 2; Asturias que retrocede de 3 a 2,5; Ceuta y Melilla (3); Madrid (4) y Baleares (4,5) que «son las que suspenden».
Castilla y León se sitúa también en tercer lugar entre las comunidades en porcentaje de beneficiarios sobre el total de la población, al representar los dependientes un 2,35 por ciento de la población, por detrás de Cantabria (2,57 por ciento) y La Rioja (2,39), si bien en España el porcentaje se fija en el 1,6 por ciento.
En lo que se refiere a las personas que tienen reconocida su situación de dependencia pero que aún se encuentran pendientes de prestación o servicio, el informe señala que Castilla y León obtiene uno de los porcentajes más bajos del país, en concreto, el 11,9 por ciento, solo por detrás de Ceuta y Melilla (9,1 por ciento) y por debajo de la cifra de hace seis meses (15,3 por ciento), casi tres veces inferior a la media nacional (29,6 por ciento).
Además, la Comunidad es una de las que más prestaciones ofrece en recursos, ya que sólo el 41,3 por ciento de sus prestaciones llegan como ayudas económicas para cuidadores. En este aspecto, solo Madrid (23,6) tiene un porcentaje inferior, mientras que la media española es el 64,5 por ciento.
Luis Barriga, otro de los miembros de la Asociación, puntualizó que el esfuerzo económico medio por habitante en 2011 ha sido 124,38 euros, pero hay «grandes divergencias», con comunidades como Canarias, con 43, y otras con más de 200 como Cantabria y La Rioja. En la gran mayoría de los casos, según ha denunciado, la inversión desciende en lugar de aumentar como sería de esperar en la evolución del sistema.
Esto no sucede en Castilla y León, que es la cuarta que mayor cuantía dedica con 168,89 euros por habitante al año, con un crecimiento importante desde el último estudio (129,78 euros) y muy superior a la media nacional.
Además, sobre este esfuerzo, el informe contrapone los 52,78 euros por persona dedicados por el Gobierno de España y los 116,11 euros que aporta Castilla y León.
Preocupación. Ramírez explicó que se detecta en estos últimos seis meses una «paralización y un estancamiento» de la Ley, lo que lleva a los expertos a tener una «preocupación gravísima» en algunas comunidades, donde «ni siquiera se aplica la tasa de reposición», es decir, reemplazar a aquellas personas que fallecen por otras de la lista de espera.
También se observa esta «estabilización» en el denominado «limbo de la dependencia», donde están más de 312.000 personas con un derecho reconocido pero sin recibir prestaciones.
Este «retroceso» ha supuesto, según el informe, un recorte presupuestario de más de 1.000 millones en 2011 y que se hayan dejado de crear 30.000 trabajos.
En Castilla y León, a fecha 1 de diciembre, hay 88.550 personas (de las 92.951 solicitudes) con dictamen de valoración de su situación de dependencia. De ellos, les corresponde recibir servicios o prestación a 64.964 personas, de las que 60.090 tienen identificadas y reconocidas 73.446 prestaciones.
De este total de prestaciones, 6.141 corresponden a prevención, dependencia y promoción personal; 4.147 de teleasistencia; 8.909 de ayuda a domicilio; 5.900 de centros de día; 8.808 de atención residencial; 14.667 de prestaciones vinculadas al servicio y 36 de asistencia personal, así como 24.838 prestaciones económicas.
