La organización Unión de Agricultores y Ganaderos, a la que pertenece UCCL, ha presentado sus observaciones a la propuesta de norma sobre ordenación de las granjas avícolas en la que trabaja el Ministerio de Agricultura. En ellas pide que se marquen condiciones de bioseguridad y emisiones proporcionadas que permitan la viabilidad de las granjas familiares.
Unión de Uniones subraya que la futura norma que regulará tanto la avicultura de puesta como la de carne y afectará a las explotaciones existentes debe priorizar y estimular el modelo de explotaciones familiares, que son las que contribuyen a fijar población y al desarrollo rural, para no empujar al sector hacia las macrogranjas.
Dada la amplia implantación del sistema de integración en este sector, la organización solicita que se separen con claridad cuáles son las responsabilidades en el cumplimiento de las normas de bioseguridad y de emisiones de gases de efecto invernadero que corresponden al ganadero integrado y cuáles corresponden a la empresa integradora.
Igualmente se ha pedido al Ministerio que revise su proyecto de Real Decreto para evitar que incorpore reglas que pongan trabas al desarrollo de avicultura ecológica.
Unión de Uniones apuesta por una estructura del sector avícola basada en granjas económicamente viables de tipo familiar y profesional. En la actualidad hay más de 19.000 explotaciones avícolas en España, que han crecido un 32,1 % en los últimos 10 años; de las cuales 5.000 son de producción de pollos de carne y 1.260 de gallinas para la producción de huevos. Por esta razón, se ha pedido que los requisitos sean proporcionados y que se establezca un procedimiento para que los ganaderos puedan conocer perfectamente qué han de cumplir y cómo. Asimismo, ha propuesto que las obligaciones de reducción de emisiones se cumplan mediante la implantación en la granja de las Medidas Técnicas Disponibles más adecuadas para ello, a seleccionar entre un abanico posible.
Además, la organización ha solicitado que la instalación de nuevas granjas y la ampliación de las existentes, se limite a una superficie máxima de 10.000 m2 para evitar el desarrollo desmesurado de las llamadas macrogranjas que amenazan al modelo familiar que defiende y que no son buenas para el sector, ni para la imagen que se proyecta como productores a la sociedad. Finalmente, entre las alegaciones, se ha incluido que las distancias entre las diferentes granjas sean adecuadas a los riesgos de bioseguridad.
