La Guardia Civil detuvo ayer en Cataluña a nueve personas (dos de ellas ya en libertad con cargos) vinculadas a los Comités de Defensa de la República (CDR), a los que la Fiscalía acusa de ultimar acciones terroristas y que tenían en su poder material para fabricar explosivos caseros e información sobre edificios públicos.
La operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, es fruto de una investigación de un año y se desarrolló en la madrugada de ayer ante la “certeza” que se iban a perpetrar acciones terroristas entre el aniversario del 1-O y la sentencia del ‘procés’, prevista para mediados de octubre.
Los detenidos comenzaron a ser trasladados a Madrid para su puesta a disposición judicial en los próximos días, previsiblemente el jueves, acusados de delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. La operación está bajo secreto sumarial y abierta, de modo que no se descartan nuevos arrestos.
Porque en los diez registros practicados ayer se encontraron “una gran cantidad” de precursores para fabricar explosivos, entre ellos “termita”, un explosivo de mezcla casera basado en el óxido de hierro y el aluminio.
Preparar el material
Según fuentes jurídicas, se halló un laboratorio improvisado en un almacén que los detenidos habrían utilizado para sintetizar ese explosivo sin levantar sospechas y documentos qué detallaban los porcentajes exactos de aluminio y óxido que se deben mezclar para que el material esté en condiciones de detonar.
Otras fuentes también añadieron que incluso los habían probado en zonas abandonadas.
Los investigadores deben analizar ahora el resto de productos encontrados, dado que la termita, combinada con otras sustancias y en grandes cantidades, puede alcanzar un alto poder destructivo.
Los detenidos también tenían información diversa (incluidos planos en algunos casos) sobre edificios públicos y sobre una casa cuartel de la Guardia Civil.
Según la Fiscalía, iban a llevar a cabo “proyectos terroristas con fines secesionistas” con unas acciones que podrían haber provocado “daños irreparables”.
Los registros se desarrollaron en los municipios de Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Cerdanyola del Vallès, Sant Vicenç de Torrelló, Sabadell y Santa Perpètua de la Mogoda.
Fuentes de la investigación consultadas indicaron que entre los detenidos hay al menos cuatro que ya fueron arrestados en el pasado, en concreto en protestas por la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o durante el traslado de los presos del ‘procés’ a Madrid para el juicio.
La operación provocó múltiples reacciones, incluida la de los CDR, que convocaron movilizaciones ante unas detenciones que califican de “arbitrarias” e hicieron un llamamiento a “plantar cara a la represión”.
Reacciones
La defensa de los detenidos —abogados de la asociación Alerta Solidaria— denunció que han sido víctimas de un “montaje con intencionalidad política” y que las acusación contra ellos carece de sustento, puesto que se basa en “futuribles” y en la incautación de sustancias de fácil acceso para cualquiera.
En la misma línea, la diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent aseguró que se trata de “materiales de fiesta mayor” utilizados por la Guardia Civil para un “montaje policial”.
Desde el PSOE y el PSC se hicieron llamamientos a la tranquilidad, pero la portavoz de Cs, Lorena Roldán, se preguntó si cuando el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pedía a los CDR “apretad, apretad” se refería a que apretaran los detonadores.
El PP catalán también puso el foco en Torra, a quien reclamó que deje su “verborrea incendiaria” y condene la violencia, mientras que Vox pidió al Consejo Europeo que incluya a los CDR en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Por contra, el portavoz de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, mostró sus dudas sobre la operación y recordó que en otras ocasiones se les ha dado “mucha publicidad” y al final se han terminado “deshinchando”.
