Las críticas a la gestión de los últimos incendios por parte de la Junta se multiplican, sobre todo tras las consecuencias de los registrados en la provincia de León. Así, IU y PSOE registraron ayer en las Cortes varias preguntas parlamentarias y la petición de comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos-Álvarez-Quiñones, para conocer cuál es la situación real de la prevención y extinción de incendios en Castilla y León.
Las acusaciones más duras llegaron de la mano del procurador de IU-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión, quien registró una batería de preguntas parlamentarias para conocer las causas y el protocolo de actuación del Gobierno regional durante el incendio ocurrido en la sierra de Quintana del Castillo, en la comarca leonesa de La Cepeda.
Este fuego, que se inició el pasado lunes 13 de julio y se dio por controlado al día siguiente, se reavivó el 15 de julio y, según indicó la formación, quemó 2.600 hectáreas de monte “de altísimo valor ecológico y económico para la zona” antes de quedar extinguido en la noche del pasado domingo. Además, y según Sarrión, no se han aclarado las causas del mismo y tampoco quién dio por controlado el incendio que después se volvió a reavivar. Dicho fuego llegó a alcanzar nivel 2 de peligrosidad por amenazar núcleos de población y zonas de arbolado.
Según el procurador, se retiraron los medios de lucha contra el fuego y la caseta de vigilancia del monte Pozofierro quedó sin retén, por lo que pregunta sobre los medios que dejaron en supervisión y en labores de enfriamiento la zona, por qué no había nadie en la caseta de vigilancia y cuántos puestos de atención permanecen sin personal en Castilla y León.
Asimismo, apuntó que en la fecha del incendio se encontraban sin adjudicar más de 15 tratamientos silvícolas de prevención de incendios, un sistema de licitación que a su juicio “pone en evidencia la reducción de medios materiales y humanos y que manifiesta la necesidad de un cuerpo profesional funcionario” de trabajadores forestales estable.
Finalmente, preguntó al Ejecutivo autonómico por la población del urogallo tras el suceso y por las medidas que se adoptarán para establecer su hábitat
También recordó que el informe del Consejo Económico y Social sobre la situación económica y social de la Comunidad pone de manifiesto “el incumplimiento de los objetivos” de la Consejería en materia de inversión en prevención y extinción y cuestionó si se reducirá el presupuesto y el sistema de licitaciones que funciona en la actualidad.
Además, demandó conocer si existe un plan para el desarrollo y regeneración del monte; cuál será la tendencia futura en la prevención de incendios forestales y si la aprobación de la nueva Ley de Montes contempla la instalación de parques eólicos en la sierra.
Por su parte, el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, consideró que se debería haber actuado con “más celeridad” en estos casos. Además, criticó que el empleo en el sector forestal se ha “reducido a la mitad”, lo que han conllevado un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales.
De este modo, Tudanca recordó que su grupo exigió la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos-Álvarez-Quiñones, en las Cortes para explicar cuál es la situación por la que atraviesan los profesionales en extinción. “Se debería explicar con transparencia por qué se ha tardado tanto en contratar retenes, se debería haber actuado con más celeridad”, lamentó.
