Tal y como se preveía, el Gobierno ha decidido mantener el empleo, aunque sea temporal o en prácticas, antes de que haya más parados, por lo que ha promovido un nuevo contrato de formación para jóvenes de hasta 30 años y ha suspendido el límite de encadenamiento de contratos temporales para hacer fijo a un trabajador.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley de medidas urgentes para la promoción de la ocupación de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa para los parados que hayan agotado la protección y que conlleva una ayuda de 400 euros.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, señaló que en una situación como la actual lo importante es mantener el trabajo y afirmó que el Ejecutivo prefiere un trabajador «temporal a un desempleado».
El Ejecutivo optó finalmente por modificar el contrato de formación y no hacerlo con el parcial porque éste está funcionando «muy aceptablemente» durante la crisis, según Gómez.
El mandatario socialista recordó que el 15% de los asalariados en España trabajan a tiempo parcial, «prácticamente el doble que hace siete u ocho años».
Así, el Gabinete decidió hacer frente al exceso de paro juvenil, ya que en España hay 1,6 millones de desempleados menores de 30 años, y 300.000 de entre 25 y 30 años sin cualificación para acceder a la formación profesional.
El responsable de Trabajo explicó que el nuevo contrato de formación se aplicará de forma general entre jóvenes de 16 a 25 años y «transitoriamente», durante dos años, entre los de 25 y 30 años y que tendrá una duración mínima de un año y un máximo de tres.
Gómez subrayó que no se trata de un «contrato basura», porque su retribución será la establecida en convenio en proporción a la jornada, que es del 75% de la habitual, frente al 85% que establecía hasta ahora para estos contratos.
Respecto a la suspensión en dos años del límite en el encadenamiento de contratos temporales, insistió en que es una medida concebida para sostener el empleo, que es de carácter temporal y no supone la eliminación de la reforma de 2006, cuyo contenido se restaurará. «Lo que pretende el Gobierno es que no se destruya trabajo, aunque sea temporal, que no se despida a esos trabajadores a los que los empresarios no pueden hacer indefinidos», aseguró.
Respecto al Fogasa, se amplía el plazo en el que se seguirán pagando hasta ocho días de indemnización por despidos objetivos (que conllevan una indemnización de 20 días por año trabajado).
Los dos sindicatos mayoritarios criticaron duramente estas medidas y mientras UGT consideró que son «parciales, equivocadas y muy negativas», el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, calificó de «aberración» el nuevo contrato de formación.
CEOE y Cepyme lamentaron que no se reforme la contratación a tiempo parcial y negaron que el nuevo contrato para la formación afronte las necesidades laborales de los jóvenes.
Desde el PP, el portavoz económico Cristóbal Montoro, aseguró que el decreto ley se ha hecho de forma «improvisada y descoordinada», y añadió que «no será útil» para aumentar las contrataciones.
Crecimiento previsto
Por otro lado, el secretario de Economía, José Manuel Campa, reconoció que la desaceleración económica mundial, y en particular de los países del euro, hace «más difícil» que se pueda lograr la previsión de crecimiento del 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2011, si bien aseguró que «sigue siendo posible» alcanzarlo.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) corrigió en una décima el dato de crecimiento del PIB del primer trimestre, tanto en su variación intertrimestral, del 0,3% al 0,4%, como en su tasa internanual, del 0,8% al 0,9%.
El INE calcula que el gasto público fue de 56.782 millones de euros, 1073 por encima de lo previsto originariamente, es decir, una décima del PIB.
