El fracaso en la conformación de un nuevo Gobierno y la consiguiente convocatoria de elecciones impedirá la elaboración de unos presupuestos para 2020, por lo que las cuentas de 2018 (las últimas de Cristóbal Montoro) tendrán que prorrogarse por segunda vez, algo que nunca ha ocurrido en democracia.
Este escenario político conduce a una repetición electoral el próximo 10 de noviembre, un calendario que hace imposible que antes de que termine 2019 haya unos presupuestos aprobados para entrar en vigor el 1 de enero de 2020.
Esto es así porque, una vez constituidas las Cortes y formado el Gobierno (algo que previsiblemente no ocurrirá antes de diciembre), el Ejecutivo tiene que elaborar y presentar las cuentas, cuya tramitación parlamentaria se prolonga durante unos tres meses.
Las cuentas de 2018 continuarán así prorrogadas una vez que arranque 2020, lo que complica afrontar cambios como la actualización de las entregas a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas, la revalorización de las pensiones, la subida del salario de los funcionarios o la modificación del indicador público de renta a efectos múltiples (IPREM).
La Constitución establece, en su artículo 134.4, que “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.
Es decir, las cuentas en vigor se prorrogan automáticamente en cualquier caso, aunque el nuevo Gobierno podría introducir modificaciones vía real decreto ley para adoptar decisiones urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Esta será la octava prórroga presupuestaria de la democracia (tras las de 1979, 1983, 1996, 2012, 2017, 2018 y 2019) y el cuarto año consecutivo que comienza con unos presupuestos prorrogados, pero se diferencia del resto en que supone extender a un tercer ejercicio la vigencia de las mismas cuentas, las de 2018.
Los presupuestos de 2018, elaborados por el Gobierno del PP, se aprobaron en julio de ese año ya con un Ejecutivo socialista, tras salir adelante la moción de censura a Mariano Rajoy, por lo que, en la práctica, solo llevan en vigor algo más de un año.
El Gobierno Sánchez llegó a elaborar y presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto presupuestario para 2019, pero fue rechazado en la fase de vetos, lo que condujo a las elecciones generales del 28 de abril.
En otras ocasiones de prórroga presupuestaria, estas cuestiones se han solventado con decretos leyes, pero esta vez el Gobierno está en funciones y tiene la capacidad normativa limitada al “despacho ordinario de los asuntos públicos” y solo puede adoptar medidas en caso de urgencia o interés general.
En lo que respecta a la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades (la cuestión más urgente ya que debería estar resuelta antes del 15 de diciembre), el Gobierno en funciones mostró su intención de desligarla de los presupuestos para agilizar su trámite, aunque persiste el escollo de la falta de un Ejecutivo con plenos poderes.
También afronta dificultades la revalorización de las pensiones conforme a la inflación en 2020, un compromiso político que no está recogido normativamente (el decreto ley de diciembre de 2018 que las subía con el IPC solo contemplaba 2018 y 2019), por lo que la mejora podría ser solo del 0,25% del índice de revalorización todavía vigente.
Asimismo, la subida salarial de los empleados públicos pactada con los sindicatos para 2020 (un 2% fijo más un 1% adicional si el PIB crece más de un 2,5%) está en el aire, ya que “no se puede hacer nada en la situación actual”, según declaraba en agosto la ministra Montero.
