El Tribunal Supremo británico analiza si el primer ministro conservador, Boris Johnson, “frustró la soberanía del Parlamento” al suspenderlo en vísperas del brexit, cómo alegan sus críticos, o si, en cambio, actuó dentro de sus prerrogativas. La máxima instancia judicial del Reino Unido inició ayer un juicio de tres días en el que examinará los dictámenes emitidos por el Tribunal Superior de Londres y la Corte de Apelaciones de Escocia, que fallaron a favor y en contra del Gobierno, de forma respectiva.
Al inaugurar el proceso, la presidenta del Supremo, Brenda Hale, advirtió de que el asunto de la salida de la Unión Europea “no concierne” a los once jueces del tribunal, que dirimirán solo si fue constitucional la decisión de Johnson de levantar las sesiones en un momento crítico para el país.
Suspensión
El jefe del Ejecutivo suspendió las cámaras del 10 de septiembre al 14 de octubre, a poco de la fecha prevista para la retirada del bloque, el 31 de octubre, con el argumento de que necesitaba el tiempo para diseñar su nueva agenda legislativa.
Los demandantes en este proceso, entre ellos varios diputados, consideran en cambio que la decisión, que fue sancionada, como es protocolario, por la reina Isabel II, fue una artimaña para impedir que el Parlamento obstaculizara su radical plan de brexit.
En este sentido, empezó los alegatos ante el Supremo David Pannick, el abogado de la empresaria Gina Miller, cuya demanda contra Johnson desestimó el Superior al concluir que el líder ‘tory’ actuó dentro de su potestad al levantar las sesiones y que, en todo caso, fue una decisión política que no compete a las cortes.
Pannick argumentó, por un lado, que el asunto sí compete a la Justicia, puesto que si no se determina el alcance de la competencia gubernamental para aplazar la actividad parlamentaria podría suceder que “otro primer ministro lo suspendiera durante seis meses o un año”.
