El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha reducido de un total de 44 a 22 el número de imputados por la denominada ‘Operación Rosado’ desplegada en 2017 por la Policía Nacional contra el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas, con la particularidad de que entre los exonerados en dicha causa figura el agente de la Guardia Civil que, de forma paralela, está siendo investigado por una supuesta trama de favores a empresarios.
En su último auto, de fecha 8 de septiembre y al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el instructor, José María Crespo, ha acordado continuar la tramitación de las diligencias previas de la ‘Rosado’ por los trámites del procedimiento abreviado contra un total de 22 personas -inicialmente figuraban 44- por presunto delito de tráfico de drogas, al tiempo que a cuatro de ellos les imputa otro de tenencia ilícita de armas.
El juez emplaza al Ministerio Fiscal y resto de acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación; bien el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Dichas diligencias se originaron a partir de una denuncia de la Policía Nacional de fecha 22 de septiembre de 2017 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y la localidad segoviana de Cuéllar, que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el referido guardia civil, entonces responsable de comunicación de la Comandancia, que casi dos años después ha quedado fuera de la misma, al igual que otros 21 investigados.
Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la ‘Operación Rosado’, coordinada por Instrucción 1, permitieron cerrar el cerco sobre medio centenar de presuntos implicados, entre ellos cinco miembros del ‘clan de los Varela’, encabezado por Rafael V.G, otros supuestos 11 colaboradores encargados de mover la droga que, presuntamente, les suministraban los anteriores y otros seis investigados más del ‘clan de Santovenia’, estos últimos en una plano inferior y “trabajando de una manera totalmente subordinada”, tal y como reza el auto judicial.
La operación concluyó con la intervención de distintas cantidades de cannabis, cocaína, MDMA, anfetamina, armas, munición, dinero en metálico y numerosos utensilios, fundamentalmente básculas de precisión, para el pesaje y manipulación de las sustancias.
En el curso de las pesquisas, los ‘pinchazos’ telefónicos llevaron a vincular a un agente del Instituto Armado con este grupo a raíz de una conversación en la que a uno de los espiados, el empresario Jesús R.R. (‘Chule’), se le oye presumir de sus contactos con el citado funcionario quien, según aseguraba, le había ayudado a localizar a personas que le debían dinero.
Tal circunstancia ha mantenido al agente incluido en la ‘Operación Rosado’ hasta ahora, sin que de las pruebas practicadas a lo largo de estos casi dos años se pueda inferir su participación en los delitos investigados, de ahí que haya quedado finalmente apartado de la causa.
Sin embargo, las escuchas telefónicas derivaron en una segunda causa en la que el agente, junto con otra decena de empresarios, entre ellos dos de los que figuran en la anterior, se encuentra imputado por su supuesta participación en una trama de favores en la que se encuentran personadas como acusaciones populares la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales.
