La Consejería de Economía y Hacienda ha concluido una investigación sobre un solar de 719 metros situado en la calle de Pascual Marín del barrio de La Albuera, con vuelta a las calles Doradores y Alfonso VI. La finca, que ahora será tasada y registrada, ha sido objeto de controversia entre el Ayuntamiento y tres comunidades de propietarios de la calle Doradores.
Menos de tres meses después de que se iniciara la investigación –el periodo máximo para resolver el expediente era de dos años–, la Junta ha admitido la titularidad de la parcela, situada junto al IES La Albuera, al tener en cuenta las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento; es decir, ha declarado acreditada que la Comunidad de Castilla y León es su titular.
En este sentido, el consistorio segoviano remitió un escrito el 2 de agosto en el que “después de realizar diversas consideraciones”, afirma que “… los terrenos objetos de investigación han sido propiedad del Estado y, actualmente, de esa Comunidad Autónoma”, según recoge la resolución de la Consejería de Economía y Hacienda del pasado 30 de agosto publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León.
La parcela está poblada por varios árboles y es utilizada para el aparcamiento de vehículos por residentes de la zona pero también por profesores, personal y alumnos del citado centro educativo .
Según la Junta, esta finca urbana está “actualmente integrada erróneamente” en la referencia catastral de la colindante comunidad de propietarios.
En 2016 las comunidades de propietarios de los números 9, 11 y 13 de la calle Doradores anunciaron al Ayuntamiento el propósito de iniciar un expediente de justiprecio de esta parcela, lo que equivale a decir que querían obtener una compensación económica por lo que consideraban una pérdida patrimonial, entre otros motivos porque el uso que recogía el Plan General de Ordenación Urbana de Segovia era el de equipamiento de servicios comunitarios. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento giraba el correspondiente recibo del IBI a estos vecinos por la parcela.
Sin embargo, en marzo de 2017, el pleno municipal declaró improcedente esa aspiración, en base a un informe de los servicios jurídicos, porque los solicitantes no estaban legitimados. El entonces concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, explicó que el argumento técnico es que la Ley de Propiedad Horizontal no reconoce la legitimidad de grupos de propietarios, por lo que la solicitud debía realizarse por particulares a título individual.
Sin embargo, el Ayuntamiento aprobó en noviembre del año pasado, una modificación del Plan General para cambiar la calificación urbanística de esta parcela aludiendo un error y suprimiendo la de equipamiento de servicios comunitarios para tratar toda la manzana como zona residencial.
