El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán vuelve hoy, jueves, a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, donde se enfrenta a cuatro años de cárcel acusado de quedarse con 4,4 millones de euros pagados al Grupo Marsans por clientes que contrataron viajes que nunca llegaron a disfrutar.
La Fiscalía acusa de un delito continuado de apropiación indebida al exjefe de la patronal y al último director general de la empresa turística, Iván Losada, para quien pide también una pena de cuatro años de prisión. Además, la Fiscalía solicita que ambos sean condenados a una multa de 12.000 euros cada uno, a razón de una cuota diaria de 50 euros durante ocho meses.
El juicio tuvo que ser suspendido el pasado noviembre porque el audífono que utiliza Díaz Ferrán no funcionaba, una deficiencia que ha sido resuelta al haberle acercado su familia otro dispositivo a la prisión madrileña de Soto del Real, en la que se encuentra desde el 5 de diciembre de 2012. El tribunal aplazó la vista a los días 7, 8, 28 y 29 de enero.
En su escrito provisional de acusación, el fiscal Daniel Campos defiende que ambos se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes y que los usuarios de Viajes Marsans y sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados.
Sin embargo, tanto Díaz Ferrán como Iván Losada sostienen en sus escritos de defensa que el fundador de la empresa turística Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012, era el “único” que tenía capacidad ejecutiva, ordenaba y “mandaba” en Viajes Marsans, al tiempo que aseguran que la compañía en ningún momento quiso “engañar” a sus clientes y que vio bloqueada su actividad como consecuencia del “colapso financiero” sufrido al no conseguir refinanciar sus deudas.
Los hechos
Según el fiscal, entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 no han sido devueltos y se destinaron a fines ajenos a la actividad del grupo. Los consumidores pagaron cantidades que oscilan entre los 130 y los 5.834 euros.
A finales de 2009, los proveedores turísticos del grupo Marsans comenzaron a exigirles el pago anticipado de los productos comercializados, por ejemplo Pullmantur pidió el dinero durante los 30 días anteriores al inicio de los viajes.
El 20 de abril de 2010, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos. Un día antes, el 19 de abril, los directivos de la empresa turística pidieron por correo electrónico a sus oficinas que depositaran el dinero de las reservas en una cuenta de la sociedad Marsans Shooping. Esta cuenta acumuló 2,46 millones de euros, de los que 1,07 fueron traspasados a otras sociedades y 1,14 se retiraron mediante cheques al portador.
Entre el 9 de junio de 2010 y el 30 de junio se libraron 13 cheques por valor de 1,14 millones de euros desde esa cuenta, de los que 344.481 euros fueron entregados a Naviera Grimaldi para que retiraran la solicitud de concurso, 100.000 a preparar el aval de IATA de Viajes Atenea, 300.000 retornaron a Viajes Marsans y 500.000 fueron cobraros por empresas ajenas al grupo. El 25 de junio de 2010, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid decretó el concurso de acreedores del Grupo Marsans, que quebró dejando un déficit patrimonial de 271 millones de euros (sin tener en cuenta las filiales).
