El tribunal del “procés” no tiene previsto efectuar una lectura pública para dar a conocer la sentencia, que pretende dar a conocer antes del próximo 16 de octubre para así no tener que abordar una renovación de la prisión preventiva de los Jordis.
Fuentes del tribunal explicaron que la Sala no es partidaria de dar a conocer la sentencia en audiencia pública porque es una práctica que, aunque está recogida en la ley, ha caído en desuso.
Además, se advierten otros problemas a la hora de abordar una hipotética lectura. El tribunal es consciente de que la resolución será muy extensa y la simple lectura daría para “cuatro días”, algo “inabordable”.
Pero la alternativa de remitirse solo a la parte dispositiva tampoco gusta entre los magistrados porque entienden que al tratarse de un caso único sin antecedentes judiciales en nuestro país ni jurisprudencia al uso, haría falta contextualizar ese fallo, y eso solo pasaría por leer fragmentos de la sentencia, porque, si no, no se podría entender.
Lo que ocurre es que este último punto daría pie a la polémica, puesto que la Sala no quiere seleccionar partes y omitir otras de forma arbitraria. “Serían extractos interesados”, añaden las fuentes, que rechazan de plano esta opción.
Otro obstáculo viene derivado de la logística de cómo efectuar esa lectura, puesto que existen dos escenarios: uno, que se realice ante las partes, es decir, defensas y acusaciones.
Y dos, que se haga venir a Madrid a los doce acusados, nueve de ellos en prisión provisional.
Un despliegue que los jueces ven innecesario, habida cuenta de que la ley no obliga a notificar la sentencia a los propios acusados directamente, basta con hacerlo a sus abogados o procuradores.
Calendario
Por el momento las deliberaciones continúan según el calendario previsto y en todo este tiempo han surgido discrepancias, “como no podía ser de otra forma cuando se trata de asunto jurídicos”.
En lo que no hay discrepancia es en la voluntad del tribunal de dictar sentencia antes del próximo 16 de octubre, cuando se cumplen los dos años en prisión preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y habría que prorrogarla, un asunto que no gusta entre los jueces.
Como tampoco gustan los rumores e insinuaciones externos de que el fallo puede estar condicionado a los vaivenes políticos, ya que “un tribunal estaría muerto” si atiende a esas cuestiones.
Y tras la sentencia, el foco probablemente se trasladará a la situación de los siete fugados, con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a la cabeza.
Será tarea entonces del juez instructor, Pablo Llarena, de valorar la situación y decidir, previa petición de Fiscalía, si hay elementos suficientes para reactivar las órdenes europeas de detención contra ellos, que él mismo retiró tras la negativa de un tribunal alemán de entregar a Puigdemont.
