El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) abogó por alcanzar un pacto de mínimos en materia fiscal con el resto de las comunidades autónomas para evitar así acciones de dumping en materia impositiva que pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para el CES, estas medidas de armonización fiscal deben extenderse a todo el ámbito de la Unión Europea en este sentido.
Esta es una de las principales recomendaciones incluidas por el CES en el Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León correspondiente al año 2014, en el que, además de compartir la necesidad de disponer de un modelo de financiación autonómica que asegure la solidaridad y la cohesión social y territorial, recordó que la Comunidad dispone en este sentido de “capacidad fiscal propia” para conseguir ingresos suficientes para llevar a cabo las políticas económicas y sociales necesarias.
El CES fue tajante al advertir de que los presupuestos no podrán catalogarse como sociales de no recuperase con garantías los servicios públicos esenciales ni las políticas sociales en su totalidad por lo que insistió en que sería “fundamental” aumentar la capacidad recaudatoria y la progresividad fiscal dentro de las posibilidades que ofrece el sistema tributario de la Comunidad para incrementar las políticas de gasto y dotar a los presupuestos de un “claro componente social”.
En materia fiscal el objetivo deberá ser recaudar “más y mejor”, reclamó el CES en este informe aprobado por unanimidad en el que abogó por impuestos “sencillos, transparentes y justos” y vinculados a la imposición directa y por la puesta en marcha de un plan autonómico de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal para impedir la evasión de impuestos y conseguir el afloramiento y regularización del empleo proveniente de la economía sumergida, que redundará tanto en los ingresos fiscales como en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.
En cuanto al empleo público, el CES pidió priorizar el desarrollo de servicios públicos esenciales en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales y por recuperar las tasas de reposición y la cobertura de las vacantes existentes a través de las correspondientes ofertas de empleo público.
Finalmente, el CES creyó necesario también restituir las condiciones laborales en cuanto a jornada y a otras medidas de carácter social de los empleados públicos.
