El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confirmó ayer que el Gobierno autonómico tramitará un Proyecto de Ley de Caza para agilizar la declaración y modificación de terrenos cinegéticos, establecer unos procedimientos de seguimiento de las poblaciones que garanticen la sostenibilidad del recurso cinegético con la obligación de realizar “adecuados planes cinegéticos” para su aprovechamiento y facilitar la relación entre los titulares de los terrenos cinegéticos y la Administración.
Esta es la referencia en materia de caza que realizó el consejero en su comparecencia en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes donde ha explicado la hoja de ruta de su Consejería para los próximos cuatro años en los que se ha comprometido también a mejorar la planificación de los recursos pesqueros y la calidad de la oferta de los cotos de pesca.
En su turno de réplica a los portavoces de los grupos parlamentarios, el consejero hizo un llamamiento al diálogo y al consenso para elaborar “una buena ley de caza” que, según ha recordado, se va a redactar a pesar de no haber una sentencia firme respecto a la vigente ya que se trata de un “asunto de Comunidad”.
“Es su obligación y la mía”, manifestó Suárez-Quiñones que fue tajante al rechazar que la regulación de la Junta en materia de caza haya sido un “desastre”, como advirtió la oposición a la que recordó que a día de hoy aún no hay sentencias firmes sobre una materia en la que han intervenido “técnicos extraordinarios” a través de “informes habidos y por haber, actualizados y de profesionales externos”.
En este sentido, recomendó huir de criterios maximalistas y abogó por defender entre todos un recurso “fundamental” para Castilla y León respecto al que aprecia “mucho desconocimiento” cuando tiene un peso económico “indudable” y es, además, un “medio insustituible” de control de la población en un momento en el que cultura cinegética va “a la baja” por una “nueva cultura” de la sociedad.
Por otro lado, abogó por continuar promoviendo el sistema de licencias interautonómicas, del que, según recordó, fue promotora la Junta, “atendiendo así una demanda histórica de muchos cazadores y pescadores, y facilitando los trámites administrativos”.
También se comprometió a seguir colaborando con la Consejería de Agricultura en la coexistencia de la fauna silvestre y la doméstica, que garantice la sanidad y la rentabilidad de las explotaciones, con especial atención a la gestión del lobo, una “emblemática especie” en cuya gestión seguirá apostando por la convivencia del lobo y la ganadería extensiva a través de un “especial esfuerzo” en la implantación de medidas preventivas.
Vivienda
Suárez-Quiñones comprometió una “completa” reforma de la Ley de Derecho a la Vivienda en Castilla y León que estará orientada al fomento del alquiler y a la rehabilitación con el objetivo de que “todas” las personas con necesidades de vivienda puedan ser identificadas para acceder a ayudas públicas.
Esta reforma legislativa configurará como servicio público de interés general el parque público de alquiler social que se ampliará hasta alcanzar un número de 3.000 viviendas para lo que se incorporará al mismo inmuebles de la Junta y de otras entidades e instituciones a través de convenios de colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones para su gestión coordinada.
Suárez-Quiñones anunció que las convocatorias de subvenciones al alquiler de vivienda no exigirán un nivel de ingresos mínimos del solicitante al mismo tiempo que priorizarán a las unidades familiares en situación más vulnerable.
