El primer ministro británico, Boris Johnson, consiguió ayer una victoria temporal en la batalla judicial contra la demanda que persigue paralizar la suspensión del Parlamento hasta pocos días antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El Tribunal de Sesiones de Edimburgo desestimó de forma provisional la solicitud en contra de la suspensión del Parlamento y aplazó hasta el próximo martes la vista en la que dictaminará si es legal la decisión del Gobierno conservador.
Durante una audiencia que duró apenas media hora, el juez Lord Raymond Doherty descartó emitir un “interdicto provisional”, es decir, adelantar su decisión sobre la legalidad de la medida, como le pedían los demandantes, con lo que estos no han conseguido, por el momento, frenar los planes de Johnson.
El magistrado señaló que prefería no pronunciarse de forma preliminar antes del 3 de septiembre, cuando se celebrará una vista completa para escuchar los argumentos de ambos lados.
Esa misma jornada o bien al día siguiente se producirá el ansiado veredicto que podrá ser recurrido por las partes.
El objetivo de los demandantes, un grupo de 75 diputados de varias formaciones encabezados por la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, es que la Justicia declare “ilegal” e “inconstitucional” el paso dado por el Gobierno el pasado miércoles.
Argumentan que, con la Cámara de los Comunes clausurada entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, como pretende Johnson, los opositores a un brexit sin acuerdo apenas contarán con trece jornadas hábiles para presentar iniciativas legislativas que prevengan tal escenario.
Tras la resolución conocida ayer, un portavoz gubernamental dijo que el Ejecutivo se alegraba de que, por el momento, no se alterara su calendario y afirmó que la suspensión parlamentaria “no impide” que las cámaras “analicen nuestra retirada de la UE”.
Johnson insistió en que la clausura temporal tiene como objetivo “sacar adelante una ambiciosa y valiente agenda legislativa” que se detallará en el “Discurso de la reina”, que pondrá fin al cierre y dejará “tiempo suficiente” a los parlamentarios para debatir las cuestiones relativas al brexit.
Según el Ejecutivo, su intención es pactar un tratado bilateral con los Veintisiete que pueda lograr el respaldo del Parlamento británico y permita una salida ordenada, por lo que este viernes prometió intensificar en septiembre las negociaciones con Bruselas.
La residencia oficial de Downing Street indicó que el equipo negociador del brexit se reunirá el próximo mes dos veces por semana con sus colegas comunitarios “con la posibilidad de reuniones técnicas adicionales a fin de analizar una manera de avanzar asegurando un nuevo acuerdo”.
El mayor escollo sigue siendo la salvaguarda pensada para evitar una frontera visible entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, ya que Johnson quiere eliminarla y la UE la considera clave para proteger los acuerdos de paz del Viernes Santo, que pusieron fin a la violencia en la región.
31 de octubre, la fecha
Si el escenario no cambia, el Reino Unido abandonará el bloque comunitario el próximo 31 de octubre de forma no negociada, ya que el ‘premier’ ha reiterado que descarta pedir cualquier tipo de prórroga. Este posicionamiento, junto al hecho de que la suspensión resta al Parlamento cinco semanas de actividad, han incrementado las posibilidades de que se produzca un desenlace de este tipo.
Para evitarlo, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha indicado que su formación, contando con el apoyo de otros grupos políticos, pretende legislar lo antes posible para impedir una salida sin consenso y no descarta presentar una moción de censura “en el momento apropiado”.
La decisión de clausurar temporalmente el Parlamento ha generado gran revuelo en todo el país, lo que ha llevado a que se presenten varias acciones judiciales, además de la que está en marcha en Escocia.
A los esfuerzos por contrarrestar la acción del jefe del Ejecutivo se sumó hoy el ex primer ministro conservador John Major, quien reveló que solicitará permiso del Tribunal Superior para unirse a la demanda ya presentada por la activista anti-brexit Gina Miller.
