El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó citar el próximo 12 de septiembre como investigado al empresario ruso y máximo accionista de la cadena de supermercados DIA, Mijaíl Fridman, en la causa que investiga supuestas irregularidades en la caída del grupo tecnológico Zed.
Según fuentes jurídicas, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que a comienzos de semana solicitó la imputación del magnate por supuestos delitos contra el mercado, administración desleal, insolvencia punible y corrupción en los negocios.
Una decisión que aún no le fue notificada personalmente, aseguró ayer un portavoz de Fridman, que sostiene que tales acusaciones “parecen ser el producto de una teoría de la conspiración” inventada por el fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, a través de “pruebas falsas y engañosas”.
El relato del Ministerio Público ubica al empresario en el origen de la insolvencia de Zed, una situación que Fridman, accionista del grupo tecnológico, habría propiciado con maniobras para asfixiar a la compañía económicamente y después adquirirla a un “precio irrisorio” por debajo del de mercado.
Vínculos
Los vínculos con el empresario se remontan a hace casi una década, con la entrada en el accionariado de varias de sus sociedades afines.
Éstos se intensificarían más tarde, en 2013, cuando Zed, a la vista de su crecimiento, planeó su salida a bolsa en el Nasdaq estadounidense, operación para la que requería de una línea de crédito de 140 millones suscrita con varias entidades, entre ellas Amsterdam Trade Bank, filial del Alfa-Bank controlado por el ruso.
El informe de Anticorrupción describe cómo Fridman “se aseguró una posición dominante” en la sociedad de la familia Pérez Dolset, lo que le daba un papel privilegiado “frente a cualquier decisión, en la medida que participaba del accionariado y, al mismo tiempo, era uno de los principales acreedores”.
Como “acción de presión y ahogo económico”, los socios rusos “subordinados” a Fridman, los ya imputados Vage Engibaryan y Sergey Gorbuntsov, “planificaron una estrategia ilegal de interrupción de pagos de dividendos de las filiales rusas”, hecho que dio como resultado “una falta total de liquidez”.
Esta circunstancia, unida a las modificaciones “agresivas e injustificadas” de contratos, a la “pérdida de capitales en presuntas comisiones ilegales y a las obligaciones crediticias (…) llevó a la compañía española a la insolvencia”.
Compra
El “favorecimiento” de los inversores rusos culminó con una oferta de compra fechada en octubre de 2016 por importe de 20 millones de euros, prosigue Fiscalía, que ve ese precio “muy por debajo del que era su valor cuando dieron comienzo las maniobras de paralización y bloqueo”.
Las sospechas de Anticorrupción, de las que ahora se hace eco el juez en su auto, parten de la denuncia previa de Pérez Dolset, que en 2016 expuso ante la Fiscalía una serie de actuaciones personales y societarias de sus socios que podrían ser constitutivas de una absorción ilegal de empresas.
Esta práctica, conocida en el entorno criminal ruso como “raid” (asalto o ataque) busca el apoderamiento total de una compañía mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con el bloqueo de la sociedad para adquirirla a un precio “irrisorio”.
