Los cuatro presuntos etarras detenidos esta madrugada en el País Vasco y que conformaban un comando «legal» -no fichados por las fuerzas de seguridad- ocultaban 200 kilos de explosivos y material para fabricar bombas.
Así lo ha señalado el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en declaraciones a los periodistas, a los que ha detallado la operación de la Guardia Civil dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que ha considerado de «enorme trascendencia» y que continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
La mayor parte del explosivo, junto a varias armas, se encontraba en una bajera de Galdakao (Vizcaya) vinculada a Daniel Pastor, uno de los detenidos, mientras que en la vivienda de la pareja formada por Íñigo Zapirarin y Beatriz Etxebarria, también arrestados, se ha encontrado asimismo material para la fabricación de bombas.
Según ha informado el Ministerio del Interior en una nota de prensa, en los registros las fuerzas del orden se han incautado de 180 kilogramos de nitrato amónico, 15 litros de nitrometano, un subfusil MAT con dos cargadores, una pistola Browning también con dos cargadores, un revólver Smith&Wesson calibre 38 con munición, cordón detonante y temporizadores con el anagrama de ETA.
Además, se han encontrado varios «tupper» para la confección de bombas-lapa, varias ollas para la fabricación de artefactos explosivos, dos placas de matrícula vírgenes, radiomandos y emisores de radio-control, documentación falsa de la Ertzaintza, permisos de conducir, DNI y tarjetas de identidad militar (TIM) del Ejército de Tierra.
Rubalcaba ha asegurado que las fuerzas de seguridad investigarán ahora si existe alguna relación entre los detenidos y algunos atentados perpetrados en Vizcaya «y sus alrededores» en los últimos años, cuya autoría no se ha esclarecido todavía.
Entre esos atentados, según la nota de Interior, habría algunos cometidos con coches-bomba, diversos artefactos explosivos contra repetidores y edificios institucionales y artefactos tipo lapa en bajos de vehículos.
Los investigadores consideran que este comando podría haber participado en el atentado contra el inspector de Policía Eduardo Puelles, asesinado por ETA el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya), pero el ministro ha pedido prudencia a la hora de «poner nombre» a las posibles acciones terroristas de este comando porque sería «prematuro», ya que las investigaciones están en fase inicial.
«Vamos a esperar a que acaben las investigaciones -ha continuado- y que pongamos los resultados de las mismas a disposición del juez», que en este caso es el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska.
El vicepresidente, que ha felicitado a la Guardia Civil por esta operación, ha reiterado que la política antiterrorista del Gobierno no ha variado «ni una coma» porque ETA no ha abandonado la violencia ni ha dicho adiós a las armas.
Mientras no lo haga, ha dicho el ministro, la Policía y la Guardia Civil seguirán deteniendo «uno tras otro» a sus miembros «hasta que esto acabe definitivamente».
La investigación policial que ha llevado a estas detenciones se inició tras el arresto de los presuntos dirigentes de ETA Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», el 17 de noviembre de 2008 y de su sucesor Mikel Carrera, «Ata», el 20 de mayo de 2010.
«A partir del análisis de la información obtenida (en esas operaciones) se conocía la posible existencia en Vizcaya de un grupo de miembros legales integrados en la banda terrorista, los cuales habrían mantenido contactos orgánicos con miembros de la estructura del aparato militar en diferentes ocasiones», afirma Interior.
Los cuatro detenidos -Zapirain Romano, de 34 años; Etxebarria Caballero, de 33; Pastor Alonso, de 37; y Lorena López Díaz, de 31- formaban presuntamente un «comando legal» de ETA, cuyos miembros, ha dicho el ministro, viven y trabajan como ciudadanos normales integrados en la sociedad vasca.
