El PSOE exigirá a la Junta de Castilla y León que utilice las plazas de formación de sanitarios, médicos y enfermeras que están habilitadas en la comunidad y cuya creación es responsabilidad del Ministerio de Sanidad que acaba de incrementarlas, afirmó ayer la diputada nacional socialista Esther Peña.
En rueda de prensa, Peña insistió en que “de nada sirve que haya plazas acreditadas si luego el gobierno autonómico no las llena con personal en formación”.
Incluso aseguró que solo en Burgos hay 70 plazas para la formación de médicos y 11 de enfermeras que están acreditadas desde 2010 pero no se utilizan.
En su opinión, esa es una de las razones por la que no hay suficientes profesionales sanitarios, aunque el procurador autonómico socialista Jesús Puente se ha preguntado cuántos de esos profesionales se quedarán en Castilla y León tras su formación, cuando en otras comunidades, como Cantabria o el País Vasco, ofrecen mejores condiciones laborales.
Esther Peña detalló que el Ministerio de Sanidad ha incrementado las plazas para formación de sanitarios un 29% en Castilla y León y ha recuperado la condición de centros habilitados para hospitales que habían perdido esa situación bajo los gobiernos del PP, como el de Miranda de Ebro y el de Aranda de Duero.
De hecho, insistió en que en Burgos y Soria se ha reforzado aún más la capacidad de plazas formativas, que ha pasado de nueve a 38 para médicos y de seis a 28 para enfermeras.
Además, aprovechó para acusar a la Junta de no facilitar datos actualizados sobre la pérdida de profesionales sanitarios en la comunidad, aunque según los últimos datos oficiales disponibles, desde 2015 a 2017 se perdieron 142 médicos y 72 enfermeras.
El PSOE anuncia una batería de actuaciones en las Cortes de Castilla y León a partir de septiembre para defender la sanidad pública de “recortes en medios materiales y humanos” y del cierre de consultorios.
Además, plantearán una serie de propuestas concretas para que sea el Parlamento autonómico el que tome las riendas para la reversión del Hospital Universitario de Burgos, informó el procurador socialista Luis Briones.
Tras insistir en que la nueva consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, “no tienen ninguna voluntad real de avanzar hacia la reversión”, Briones consideró “insostenible” la actual situación, en la que la Junta de Castilla y León paga más de 80 millones de euros a la concesionaria del hospital de Burgos.
Además, advirtió de que esa cantidad se puede incrementar de forma notable, porque “en este momento no hay manera de saber cuántos litigios ha interpuesto la concesionaria reclamando más dinero, aunque pueden ser diez o veinte, que de prosperar aumentarían otra vez el canon”.
