El Ministerio de Fomento trabaja para calcular y pagar “lo antes posible” la factura que supone para las ‘arcas públicas’ la quiebra y el rescate de nueve autopistas de peaje, según informaron fuentes de este Departamento sobre este importe, estimado en un máximo de 3.305 millones de euros.
La ‘cascada’ de recursos que las constructoras y los bancos que controlaban estas vías están presentando ante el Tribunal Supremo contra el sistema de cálculo de este importe aprobado por el Gobierno en abril no paraliza el proceso de estimación y pago.
Así lo indican en dichas fuentes oficiales que, además, señalan que las concesionarias no piden paralizar el proceso en sus recursos.
“En Fomento seguimos trabajando para determinar lo antes posible la RPA de las autopistas quebradas”, indicaron dichas fuentes.
“Confirmamos que la presentación de los recursos no paraliza el procedimiento”, añade el Ministerio.
De esta forma, Fomento proseguirá con los trabajos que viene realizando para determinar y pagar esta factura. El importe de la misma se ajustaría, al alza o a la baja, en función de lo que, en su día, determinen los tribunales.
La factura que, por los extintos contratos de concesión de las autopistas, el Estado debe calcular y pagar es la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).
Se trata del monto a abonar a las exconcesionarias por la inversión que realizaron para su construcción.
La ‘fórmula’ para su cálculo que el Gobierno aprobó en abril establece un importe máximo de RPA para cada autopista que, en conjunto, supone el referido importe de 3.305 millones de euros.
Esta cantidad supera a la de 2.000 millones que venían estimando los dos últimos gobiernos, pero está aún por debajo de la de 5.000 millones que reclaman las concesionarias y los fondos que se quedaron con la deuda de las vías.
