El Juzgado de lo Penal número 27 suspendió hasta el mes de noviembre el juicio que se iba a celebrar ayer contra el banquero Jaime Botín, acusado de un delito de contrabando de bienes culturales por haber intentado sacar de España el cuadro de Pablo Picasso ‘Cabeza de mujer joven’, pintado de 1906 y valorado en 26 millones de euros, sin la autorización pertinente.
Así, según explicaron fuentes jurídicas, la magistrada instructora del caso, Elena González Bayón, aplazó temporalmente el juicio por “cuestiones procesales” tras reunirse con el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las defensas.
En esta ocasión, la defensa pidió la realización del juicio, mientras que el Ministerio Fiscal solicitó la suspensión temporal hasta los primeros días de noviembre, que finalmente ha sido concedida. Ahora, deberá fijarse una fecha concreta para la vista oral.
Según el escrito del Ministerio Fiscal presentado al Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón, Botín, propietario de la obra original, la tenía en su casa situada en la urbanización de Somosaguas y se puso en contacto con la empresa Christie’s, especializada en la subasta de obras de arte, “con el fin de vender a través de la misma” la pintura en una subasta programada para el mes de febrero de 2013 en Londres.
El fiscal explicó que el personal de Christie’s le informó de que, dada la antigüedad de la obra, debía pedir autorización al Ministerio de Cultural para su exportación. Este permiso, explica, era “necesario al tratarse de un bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español, dado su evidente interés histórico-artístico” y por tener una antigüedad superior a los cien años.
Por ello, el 5 de diciembre de 2012 el acusado “autorizó de su puño y letra” a la casa de subastas que presentara y gestionara la licencia de exportación con posibilidad de venta, como dueño de pleno dominio de la obra ante el Ministerio de Cultura.
Inexportable
Tras la solicitud, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, organismo consultivo del Ministerio, se reunió el 13 de diciembre y propuso por unanimidad la denegación de la exportación solicitada y la declaración de inexportabilidad, “por no existir obra semejante en territorio español”.
El fiscal apuntó que Botín “plenamente consciente de la total y patente prohibición administrativa” trasladó el cuadro a un yate de su propiedad atracado en el puerto de Valencia con la finalidad de sacarlo ilícitamente de España.
Fue en junio de 2015 cuando el Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó una inspección en el buque y al solicitar al capitán una declaración de los bienes que estaban a bordo no lo incluyó en la lista.
El Juzgado instructor acordó en un auto de agosto de 2015 el aseguramiento del cuadro como medida cautelar y por otro lado, emitir reconocimiento necesario para que el cuadro fuese trasladado a España.
Por estos hechos, Botín se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, junto a una multa de 100 millones de euros y en caso de impago, la responsabilidad subsidiaria de seis meses de privación de libertad.
