El juicio por la salida a Bolsa de Bankia afronta una semana de calma aparente en la que la treintena de exdirectivos de la entidad, incluido su expresidente, Rodrigo Rato, se prepara para las conclusiones, confiados en que las “debilidades” del peritaje de la Fiscalía rebata sus acusaciones.
Las renuncias a varios informes impulsó el pasado miércoles la vista, que después de 58 sesiones y casi ocho meses encarará su recta final el próximo 22 de julio, jornada en la que la fiscal Carmen Launa hará público si mantiene o modifica un escrito que, de momento, se limita a los cuatro antiguos administradores del banco.
Después de que la representante del Ministerio Público abriera la puerta a contemplar un posible delito de falsedad contable en su escrito definitivo, tanto partes como espectadores aguardan un trámite que podría endurecer la situación procesal de los acusados.
Fuentes de las defensas aseguran que confían en que Launa no se excederá de las conclusiones de su antecesor, el ahora fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, entre otras causas, por las “debilidades” del trabajo de los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras sobre los que se basarían los cargos.
En opinión de estas fuentes, cinco años de instrucción y seis informes no han bastado para que los dos expertos se pusieran de acuerdo sobre los supuestos deterioros de los activos de Bankia, existiendo entre ellos diferencias de más de 1.000 millones de euros. Como hicieran los profesionales propuestos por la excúpula de la entidad y el propio grupo en las 11 sesiones que duró el careo judicial, insisten en que la integración de las siete cajas cumplió con la normativa contable y gozó del visto bueno del regulador.
Las defensas reprochan que ni Sánchez Nogueras ni Busquets compararan en ningún momento la fusión fría de BFA con la de sus competidores, y recuerdan que por entonces esta figura no podía estar regulada en profundidad dado su carácter novedoso en España.
Por ello, las mismas fuentes rechazan que se maquillaran las cuentas, no sólo de ese año sino también las de 2011, las cuales aseveran que sí reflejaban la imagen fiel de la entidad en el momento en el que se formularon.
Tales argumentos distan de la versión de las acusaciones, que ven en ellas una prueba de cómo el antiguo equipo de Bankia, con el beneplácito del auditor externo, ocultó deterioros para transmitir una falsa apariencia de solvencia.
Peritos judiciales
Para los peritos judiciales, las cifras del ejercicio 2011 no eran reales porque el grupo “debió incrementar las pérdidas y reducir las reservas”. Asimismo tendría que haber introducido el impacto negativo que tuvo para la matriz BFA que Bankia saliera a bolsa con un descuento del 74%, a 3,75 euros, algo que sólo se contabilizó tras la reformulación, ya con José Ignacio Goirigolzarri en la entidad, de la que afloraron 3.000 millones en pérdidas.
Las continuas menciones a estos “errores contables” despertaron las críticas de sus compañeros de las defensas, que avalaron la legalidad de la contabilidad de 2011 y atribuyeron a hechos sobrevenidos, como la segunda recesión, y no a la existencia de deterioros ocultos, la delicada situación que abocó a la nacionalización del banco.
A este relato remiten las fuentes consultadas, que reiteran que el folleto informativo del salto al parqué cumplió con los requerimientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y añaden que el descuento objeto de sospechas fue en línea con el de otras entidades como Banca Cívica, Unicaja y Liberbank.
Hasta la fecha, el banco ha devuelto casi 1.900 millones de euros a unas 225.100 cuentas, y de los inversores personados en el caso quedan por recuperar su dinero 176 cuentas (205 personas físicas y cuatro jurídicas) por valor cercano a dos millones.
La última palabra sobre si hubo o no engaño a los inversores que acudieron al debut bursátil de Bankia en julio de 2011 le corresponde a la sala que preside la juez Ángela Murillo, que esta semana ha dado por concluida esta fase intermedia del juicio, incluida la testifical.
Y es que aunque estaba pendiente la declaración escrita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, la negativa a ampliar el plazo para el envío del cuestionario ha obligado a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) a renunciar a su testimonio.
A la espera del día 22, la Fiscalía Anticorrupción pide entre cinco años y dos años y siete meses de cárcel para los antiguos gestores de Bankia (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú).
Solicitud que se eleva hasta los doce años de prisión, también por supuesta falsedad contable, las acusaciones particulares y populares, como la CIC de Crédito, que se dirigen además contra una treintena de exdirectivos del grupo y el socio auditor.
