La Comisión Europea rechazó ayer una Iniciativa Ciudadana Europea del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que se investigue y se castigue a España por supuesta vulneración de derechos de las minorías, según avanzaron fuentes europeas y confirmó oficialmente la CE.
Puigdemont y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, son los impulsores de esta iniciativa ciudadana que buscaba reclamar a la Comisión que se aplique contra España el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que se activa cuando un país no respeta los derechos y principios fundacionales comunitarios y puede acabar con sanciones al país afectado.
Entre otros ejemplos de derechos fundamentales que consideraban quebrantados están “el deficiente reconocimiento y escaso respeto de los derechos de las minorías”, “la politización de las altas instancias jurisdiccionales” españolas, “la utilización espuria” de mecanismos como las euroórdenes, o “la vulneración de derechos civiles y políticos”.
inadmisible
La Comisión decidió no registrar la propuesta de iniciativa al considerarla “inadmisible sobre la base de su plan jurídico y manifiestamente fuera de las atribuciones de la Comisión en virtud de los tratados europeos”, avanzaron las fuentes.
El portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas, confirmó en rueda de prensa que “la Comisión ha decidido que no puede registrar (…) la iniciativa ‘Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas’ ya que los organizadores de esta iniciativa no invitan a la Comisión a hacer una proposición para una ‘legal act’, que es el alma de la Iniciativa Ciudadana Europea”.
Solo la Comisión o el Parlamento tienen la potestad de iniciar el procedimiento en defensa de los valores europeos que recoge el artículo 7 de los tratados y que hasta la fecha solo se utilizó contra Polonia y Hungría, ambos aún en diálogo con las instituciones sobre sus violaciones de principios como la independencia judicial.
El rechazo del Ejecutivo comunitario responde a la “inadmisibilidad jurídica” de la propuesta y no al fondo de la iniciativa.
Si la CE hubiera admitido el registro, se hubiera iniciado un periodo de un año en el que la iniciativa necesitaba un millón de firmas de apoyo de al menos siete países distintos para formalizar su validez y que el Ejecutivo europeo se hubiera tenido que pronunciar al respecto.
