El expresidente del Govern balear Jaume Matas admitió ayer ante la Audiencia de Palma haber cometido los delitos de prevaricación continuada y fraude a la administración pero negó el tráfico de influencias en el concurso para construir el hospital de Son Espases.
En el juicio que se celebra ante la sección primera del tribunal provincial, los otros tres acusados alcanzaron acuerdos de conformidad plenos con las acusaciones, pero Matas, aunque admitió los hechos de los que está acusado, rechaza que de ellos se derive tráfico de influencias, uno de los tres delitos por los que está acusado.
Al admitir los dos delitos, Matas asume también la petición de las acusaciones de que sea condenado como inductor de prevaricación continuada y fraude a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, y siete años y dos meses de inhabilitación de cargo público.
Condenas
Al discrepar de la calificación jurídica y rechazar haber cometido tráfico de influencias, tampoco admite la condena de un año de cárcel que piden las acusaciones, así como una habilitación especial para cargo o empleo público por tres años y multa de 31,6 millones (que era el beneficio pretendido por la constructora).
El expresidente y exministro de Medio Ambiente comparte banquillo con la exconsejera de Salud Aina Castillo, el exdirector del Servicio Balear de Salud Sergio Bertrán y el empresario Jesús Peinado.
A los cuatro acusados se les imputan delitos de prevaricación y fraude a la administración, y solo Matas está acusado además de tráfico de influencias por irregularidades en el procedimiento para adjudicar la construcción de Son Espases, licitado en 2006 por 778,4 millones de euros.
“Reconozco los hechos del escrito de mi abogado”, dijo Matas en su breve declaración ante el tribunal.
Están acusados de prevaricación continuada y fraude por concertarse para que la contratación de una empresa por 29.500 euros para valorar las ofertas que concurrían a la licitación la ganara Global PM, la empresa de Peinado.
En cuanto a la acusación de tráfico de influencias es por “gestiones tendentes a influir en la mesa de contratación del nuevo hospital de Son Espases por Jaume Matas”, según recogen los escritos de acusación.
La exconsejera Castillo se ha conformado con ocho meses de prisión a sustituir por multa de 4.800 euros más diez años de inhabilitación. El exdirector Bertrán admitió 12 meses de cárcel a sustituir por multa de 5.760 euros e inhabilitación por otros 13 años; idéntica pena que el empresario.
Los cuatro deberán abonar una responsabilidad civil de 2.950 euros a la comunidad autónoma por el daño causado al Ib-Salut.
Ante la aceptación de la relación fáctica del escrito de acusación de la Fiscalía, las partes han renunciado a buena parte de la celebración del juicio, que estaba previsto que durase tres semanas y se prevé que finalice el jueves con la presentación de los informes y conclusiones.
Los hechos afectan al procedimiento para adjudicar la construcción, explotación y conservación del hospital.
