El primer pleno de las Cortes de este periodo aprobó el proyecto de ley que modifica la organización y funcionamiento de los consejos Consultivo y de Cuentas de Castilla y León, cuya novedad está en la reducción de cinco a tres del número de consejeros de ambas instituciones de autogobierno, si bien los actuales miembros permanecerán en sus puestos hasta que el Parlamento designe a los nuevos.
La normativa, que se asienta en el principio de austeridad que ha afectado a todo el sector público de la Comunidad, según expuso el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, en la presentación del texto, recibió los votos a favor del PP y la abstención de la oposición, PSOE, IU y UPL.
El procurador de IU, José María González, defendió en siete enmiendas, todas rechazadas, la composición actual y mantuvo que no habrá austeridad si se vacía de contenido a ambas instituciones. Por su parte, el representante de UPL, Alejandro Valderas, calificó de electoral el proyecto, consideró que no tiene utilidad política y se decantó por una reforma más amplía, como la planteada por el propio Consejo Consultivo.
«Se puede podar un árbol para que sea más fuerte, pero también se puede podar un árbol para que se seque. Esta poda va a servir para que pierdan su capacidad de reacción», afirmó la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, quien explicó la abstención de su grupo para no ser «un obstáculo», pero rechazó las prisas con que cree que se ha realizado así como que no se haya mantenido el consenso.
De Santiago Juárez, en su intervención, reseñó el recorte en el número de altos cargos y de consejeros en esta legislatura, que situó en un 20 por ciento menos, y rechazó que no se haya escuchado a los grupos. Así, se refirió a una reunión con el portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, y con el procurador de IU, José María González.
En este sentido, el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, afirmó que la eficiencia y eficacia y el número de dictámenes de la institución no iba a mermar por la reducción de los altos cargos de los consejeros aprobada por las Cortes.
