La Comisión Europea pidió ayer cerrar el expediente abierto a España en 2009 por déficit excesivo, tras haber reducido el desvío de las administraciones públicas el año pasado hasta el 2,5% del PIB desde el 11% registrado hace diez años, pero también ha recomendado al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar ajustes estructurales por valor de 7.800 millones en 2020.
Aunque la decisión todavía debe ser confirmada por los ministros de Economía y Finanzas, España pone fin a una década bajo el brazo ‘corrector’ del Ejecutivo comunitario, que marcó la política presupuestaria de tres gobiernos distintos: primero el de José Luis Rodríguez Zapatero, después el de Mariano Rajoy y finalmente el de Pedro Sánchez.
Bruselas abrió este expediente a España el 18 de febrero de 2009 (tras haber registrado un desfase presupuestario el año anterior del 4,4%) y propone ahora cerrarlo tras haber concedido a España cuatro prórrogas.
El primer plazo exigía a España reducir su déficit público por debajo del 3% como muy tarde en 2012, pero el Gobierno de Zapatero solicitó un año más de prórroga pocos meses después de la apertura del procedimiento. Ya con Rajoy en la Moncloa, la UE concedió otra prórroga hasta 2014, después una nueva de dos años, hasta 2016, y finalmente una última hasta 2018.
Tanto el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, han felicitado a España por salir del procedimiento, pero ambos han recordado la necesidad de que el país siga persiguiendo unas finanzas públicas “sólidas” en los próximos años.
“La lógica del Pacto es que España y otros países deben seguir políticas presupuestarias sólidas, precisamente para evitar problemas en el futuro”, destacó el letón. “Marca el fin de un camino largo y difícil no solamente para España, sino para toda la UE y la eurozona”, expresó Moscovici, quien recordó que con el cierre del expediente a España ya no habrá ningún país con un procedimiento abierto por déficit excesivo.
AJUSTES ESTRUCTURALES
Las cuentas españolas pasan ahora a estar controladas en el llamado brazo ‘preventivo’, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
En este contexto, el informe de recomendaciones advierte al Gobierno español de que “existe un riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestario requerido en 2020” si no se producen “cambios en las políticas fiscales”. Por ello, reclama a las autoridades españolas 7.800 millones en ajustes, bien mediante recortes del gasto o bien aumentando los ingresos.
“Un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento máximo del gasto público primario neto del 0,9 %, parece adecuado”, destaca el texto.
En materia laboral, Bruselas pide al Gobierno que favorezca una transición hacia contratos indefinidos y, en particular, a través de una simplificación de los incentivos a la contratación. Además, aboga por garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo “efectivo”.
En la misma línea, el informe de recomendaciones para España recomienda mejorar el apoyo a las familias y resolver las “deficiencias” en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y en los regímenes autonómicos de renta mínima.
