En una decisión que promete levantar muchas más ampollas de las que mitiga-aunque probablemente ni el PSOE ni el PNV compartan tal augurio- el Tribunal Supremo (TS) explicó ayer que no pueden ponerse «límites al control de la actividad política del Gobierno» y que hablar de tú a tú con los portavoces políticos de los terroristas no es delictivo, puesto que «no pueden criminalizarse a priori las posiciones de diálogo para la búsqueda de la mejor opción de gobierno que garantice la ordenada convivencia social».
La misma instancia que reiteradamente ha criminalizado todo lo relacionado, por ejemplo, con el nazismo, considera ahora que la maldad que emana del entramado terrorista vasco no es tan inicua como algunas otras, de modo que se acuerda el sobreseimiento libre y el archivo de la causa por desobediencia abierta contra el actual lehendakari, Patxi López; su predecesor, Juan José Ibarretxe; y cinco dirigentes abertzales, entre ellos Arnaldo Otegi, por mantener reuniones durante la vigencia de la tregua trampa que la banda terrorista decretó en 2006, fechas en las cuales Batasuna ya era una formación ilegal. Los hechos, señala el Supremo, no son delito, porque para ello hubiera sido necesaria «una orden expresa susceptible de ser desobedecida», que en este caso no existía. No obstante, el tribunal estima el recurso del Foro de Ermua y de Dignidad y Justicia, y les reconoce legitimidad para solicitar la apertura del juicio oral sin necesidad de que la Fiscalía tenga que sostener acusación alguna, porque el caso no requiere la existencia de un perjudicado directo.
En los fundamentos jurídicos de la resolución, cuyo fallo fue adelantado el 13 de enero, el Supremo insiste en que los hechos imputados a los dirigentes políticos no son punibles, porque para ello hubiera sido necesaria «una orden expresa susceptible de ser desobedecida», que en este caso no existía. Es decir, dado que ninguna normativa prohíbe sentarse a la mesa con una banda terrorista y negociar con ella cuestiones como el futuro de los presos o el estatus jurídico de una región española, tal conducta no puede ser castigada.
Para fundar sus razonamientos, el alto tribunal establece un paralelismo expreso con el archivo en febrero de 2007 de la querella interpuesta por Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por propiciar el diálogo entre el Gobierno y ETA.
Tras conocer en detalle el pronunciamiento del Supremo, el jefe del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, expresó su respeto por la resolución, pero sostuvo que no todo lo que no es ilegal es procedente y decente». A juicio del conservador, «la argumentación jurídica de la instancia con sede en Madrid «es respetable, pero en política hay que tener en cuenta que es muy importante no volver a dar aire a unas personas que trabajan por los mismos fines que ETA».
