La previsión de vivienda de protección oficial en la zona sur del antiguo regimiento, junto al Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid, se ha reducido casi a la mitad, de las 88 inicialmente previstas a 60, según han puesto de manifiesto los grupos de la oposición municipal en el pleno de abril del Ayuntamiento.
La corporación ha aprobado dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una relacionada con el desarrollo urbanístico de esta zona del antiguo acuartelamiento ‘Leones de Castilla’, en virtud de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa en 1993 (modificado hasta en dos ocasiones, la última en 2015 a través de una adenda).
La otra tiene que ver con la fijación de alineaciones de los edificios del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid.
Mientras la concejala de Urbanismo, Claudia de Santos, quita importancia a esta última cuestión y destaca que la otra modificación del Plan General “cierra un largo camino y abre la puerta la edificación de vivienda de protección oficial (VPO)”, la portavoz del PP, Raquel Fernández, sostiene que en materia de planeamiento urbanístico los sucesivos gobiernos socialistas en la ciudad “no lo han hecho bien desde el primer momento” y eso ha llevado en este caso a una reducción en la programación de la vivienda social en esta zona por no gestionar adecuadamente un convenio que cumple ya 26 años.
“Se les llena la boca hablando de vivienda joven y aquí se han perdido viviendas públicas”, afirma Fernández, mientras el portavoz de Centrados en Segovia, Cosme Aranguren, que también se muestra crítico tanto por la tramitación del convenio con Defensa como por la reducción de la VPO prevista inicialmente, recalca que el servicio municipal de Urbanismo tiene un problema por los errores que asegura se ha producido tanto en este caso como en las alineaciones de los edificios del campus universitario.
El portavoz de IU, Ángel Galindo, ha relacionado las modificaciones en el convenio con el Ministerio de Defensa con el proyecto del CAT, por la permuta de terrenos en diferentes zonas del municipio, mientras desde Ciudadanos, María José García Orejana, insiste en que la gestión urbanística de la ciudad mejorará cuando se tomen en consideración las propuestas de actuación que incluirán las conclusiones de la auditoria operativa de Urbanismo que todavía no ha finalizado y que es una de las cuestiones en las que la formación naranja más ha batallado desde el comienzo del mandato corporativo.
Por otro lado, el concejal del PP, Juan Antonio Miranda, ha indicado sobre las alineaciones del Campus María Zambrano que no se trata de pequeñas rectificaciones sino que afectan a 800 metros cuadrados.
Además, ha manifestado que el equipo de Gobierno parece no haber realizado un control de la ejecución de los proyectos de estos edificios de la Universidad y señaló varios problemas de accesibilidad.
Ha aprovechado Miranda para decir que sería interesante mejorar “la placita o ensanchamiento de la calle de Caño Grande.
