No fueron filtradas por la Guardia Civil como se pensó en un principio. Tampoco por el entorno de la jueza Laurence Levert, que instruye en Francia el caso Faisán. A medida que transcurren los días y se conocen más datos, todo apunta a que las actas de ETA pudieron llegar a los medios de comunicación a través de alguna persona relacionada con la Policía, un Cuerpo que, como apunta uno de sus agentes, no está dispuesto a «comerse el marrón mientras los políticos se van de rositas».
La operación que en mayo de 2008 llevó a la detención de Francisco López Peña, Thierry, entonces jefe militar de la banda, la realizó la Guardia Civil, que, desde finales de ese año, a través de la documentación requisada, dispone de las llamadas actas de ETA, una información que es clave para tener noticias sobre las diversas negociaciones que mantuvieron durante varios meses las tres personas designadas especialmente por José Luis Rodríguez Zapatero
-el ex fiscal general y ex ministro Javier Moscoso, el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, y el abogado José Manuel Gómez Benítez- y que se reunieron con dirigentes del grupo armado; en el caso de Eguiguren, se citó además en varias ocasiones con diferentes miembros de Batasuna.
En ese tipo de encuentros, como explica un guardia civil que conoce perfectamente el funcionamiento interno de la banda, pues lleva años trabajando en la lucha antiterrorista, un miembro de ETA siempre toma nota de todo lo que se dice en torno a la mesa de negociación. De todo. «No pronuncia ni una palabra, solo escribe. En cambio, los delegados del Gobierno no escriben una sola palabra».
Parte de estas actas fueron publicadas hace tiempo en el periódico Gara y también algunas en el Deia, pero, como explica un veterano agente, «no estaban completas, existía una selección realizada por los propios miembros de la organización que las hicieron llegar a los periódicos. Las actas que aparecen ahora son las que se escribieron para uso de la cúpula terrorista, para consumo interno. Tal cual las escribió la persona que asistió a los encuentros. Podríamos decir que son las mismas que manejaba ETA para tener información precisa sobre la posición del Ejecutivo, mientras que las publicadas en la prensa eran más de propaganda, estaban muy instrumentalizadas. Las buenas son las que se conocen ahora».
Todo indica que quienes colaron las actas buenas son policías que quieren salvar la cara de los compañeros encausados en el caso Faisán, pero, también, agentes que pretenden que se profundice en ese asunto que ha provocado tantas tensiones en los últimos meses, no solo en el plano político sino también en el propio Cuerpo.
No es casual que se hayan filtrado cuando desde la Fiscalía se ha dado un paso que busca como objetivo que la Audiencia Nacional deje de tener competencia sobre el caso Faisán para pasárselo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La manera de hacerlo ha sido, o pretende ser, convertir el posible delito cometido, colaboración con banda armada -por impedir la detención de un comando terrorista-, en el de revelación de secretos al informar al dueño del bar, Joseba Elósegui, de que se iba a producir la detención de los etarras a los que iba a entregar el dinero procedente del impuesto revolucionario.
Esta maniobra, como explica un miembro de la Audiencia, «difícilmente podrá conseguir su objetivo de que el caso pase al TSJPV. Se está considerando colaboración con banda armada a quien da cobijo en su casa por una noche a un terrorista, ¿cómo se va a admitir que no sea colaboración quien impide su detención?». En la Policía se prefiere al organismo nacional de justicia, entre otras razones, porque obliga a la apertura de un sumario y a la lógica investigación judicial, mientras que un Tribunal Superior podría optar por un procedimiento de urgencia, que consideran menos garantista.
Por otra parte los policías se sienten satisfechos del trabajo del magistrado Pablo Ruz y también de la togada Levert, que no ocultó su malestar por la forma en que el juez Garzón archivó la causa a pesar de las pruebas que ella manejaba en su juzgado.
Dos interrogantes pesan entonces sobre el asunto de las actas y el caso Faisán. Uno, si son fiables los informes de ETA. Dos, el asunto del presunto topo.
El Ejecutivo ha optado por la estrategia de difundir la idea de que no se puede dar más credibilidad a una banda terrorista que a un Gobierno democrático. Y tiene razón, pero la fuente de la Audiencia Nacional es taxativa: «Parece lógico pensar que no se puede dar credibilidad a las actas de ETA porque son interesadas, pero si admitimos esa premisa, que pueden mentir sobre las propuestas que hicieron los negociadores del Gabinete, nos encontramos con que no podríamos admitir como prueba inculpatoria los documentos que encontramos a los terroristas al registrar sus domicilios».
Un guardia civil, por su parte, tras negar que las filtraciones salieran desde su Cuerpo -«Si las quisiéramos filtrar lo habríamos hecho antes. Hace más de dos años que tenemos las actas»-, fue contundente al dar credibilidad a los documentos: «Para nosotros son fiables al 100 por 100, como lo han sido siempre».
¿Podría el Faisán ser un caso de protección de un infiltrado en ETA, de un topo, como apuntó Jesús Eguiguren? Las respuestas del guardia civil y del policía son coincidentes y firmes: «No». Es evidente que ni uno ni otro lo reconocerían, aunque no fuera más que por proteger a un compañero, pero a los dos, entrevistados en momentos distintos, se les nota la rabia ante esa justificación de Eguiguren en la que ven una estrategia para salvar a las autoridades.
