El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez conocía desde julio de 2010 los problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad de las cajas que dieron lugar a Bankia, según un correo electrónico remitido el 5 julio de 2010 por el inspector José Antonio Casaus a sus superiores.
En este correo, cuyo contenido íntegro se conoció ayer, Casaus relata a sus superiores la reunión que había mantenido en esa misma fecha con Fernández Ordóñez, en la que advirtió al entonces gobernador de los problemas de las cajas que se integraron en Bankia.
El correo electrónico en el que Casaus resumía su reunión con Fernández Ordóñez lo recibieron el entonces director de Inspección del Banco de España Pedro González, el exjefe del grupo de Inspección del Banco de España en Caja Madrid Francisco Javier del Río, y Francisco Monzón, del departamento de Supervisión.
De esta forma, Casaus refuta lo que sostuvo Ordóñez durante su declaración como testigo ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal el pasado 25 de marzo, cuando aseguró que no recibió ninguna alerta de sus inspectores sobre la situación de la entidad hasta 2012.
Dijo también que desconocía los correos que el inspector José Antonio Casaus remitió a sus superiores, cuyo contenido “acertó por casualidad” con los problemas de viabilidad pero no con las razones.
El citado correo de 5 de julio de 2010 no obraba hasta ahora en la causa, pero el exdirector de Inspección del Banco de España Pedro González, que declaró el lunes como testigo y cuya comparecencia continúa este martes, leyó el lunes parte de su contenido ante la Sala.
Según el relato de Casaus, por aquel entonces inspector de cabecera de las cajas de ahorros que dieron lugar a Bankia (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja), en aquella reunión explicó a Fernández Ordóñez que estas cajas afrontaban “graves” problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad.
El inspector añadía que para esta situación no cabían “soluciones ortodoxas y sí un SIP (Sistema Institucional de Protección), saneando contra reservas y reduciendo capacidad”.
Entre los problemas que describe Casaus, destacan unos activos “deteriorados notablemente hasta el punto de comprometer no ya la rentabilidad, sino la solvencia”.
Menciona también un considerable volumen de activos a largo plazo con muy baja rentabilidad, como hipotecas a 30 años que suponían el 40% del riesgo crediticio, y serias dificultades de liquidez que “en el mejor de los casos” provocarían un sensible aumento de los costes financieros.
Asimismo, señalaba un sobredimensionamiento de personal y de red de oficinas.
Otra fuente de problemas fue la “grave distorsión en el mecanismo de fijación de precios de los activos, al aparecer una demanda muy agresiva en el volumen y absolutamente inelástica al precio, que ha creado una espiral inflacionista” en todos los activos, mobiliarios, inmobiliarios y materias primas.
Todo ello alimentaba un negocio bancario de apalancamiento total, como demostraba la cantidad de suelos comprados por los promotores españoles y el precio disparatado pagados por ellos.
