Las dudas sobre las tasaciones, manifestadas por los peritos cedidos a la causa que investiga posibles irregularidades en la gestión del Banco Popular, sitúan al expresidente Ángel Ron en el punto de mira de las acusaciones, que sostienen que pudo haber falsedad en las cuentas de la entidad. En su informe, aportado esta semana a la Audiencia Nacional, los expertos del Banco de España Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández difieren del sistema de tasación de activos inmobiliarios seguido por el Popular hasta finales de 2016, el cual dio lugar a casos de “sobrevaloración” por “la debilidad del control interno”.
Asimismo, señalaron que la entidad empleó tasaciones realizadas por empresas no registradas ante el regulador, que no seguían los criterios del Ministerio de Economía sobre normas de valoración de inmuebles. En virtud de estos criterios, conocidos como ECO, el tasador debe emitir un amplio informe en el que es posible comprobar las hipótesis en las que descansa el valor, y que no pueden incorporar ni expectativas urbanísticas ni de subida de precios.
Aunque la metodología escogida por el Popular cumplía con la normativa internacional, el peritaje advierte de que contravenía la “propia política contable establecida por el Consejo”, que rechazaba el uso de compañías que no figurasen en el registro.
Ruiz-Clavijo y Hernández sostienen además que “parece” que la calidad de las tasaciones empleadas a efectos de estimar las provisiones “empeoró durante 2016”.
De este modo, “según los inventarios de activos adjudicados facilitados por el banco, en diciembre de 2015 un 11 % de los suelos fueron revisados por empresas no homologadas y en 2016 el porcentaje se elevó al 34 %”.
Los peritos remitieron al informe de EY, realizado a petición de Bankia dentro del proceso de venta del Popular, en el que se observa que “sólo en 4 casos de un total de 50 eran tasaciones válidas”. “Defectos” que, si bien pueden estar condicionados por tratarse de un sistema diferente, son “ilustrativos de la calidad de las valoraciones solicitadas” por el banco, entre otros, a Aliseda, inmobiliaria del grupo.
BCE
Así lo detectó el Banco Central Europeo (BCE), cuya inspección localizó que, “en un número limitado de casos, existían dos tasaciones del mismo bien con diferencias substanciales” en los que se decidió aplicar “el de mayor valor”. Ambos expertos consideran “destacable” que las nuevas valoraciones efectuadas ya con Emilio Saracho al frente del Popular significaran una “reducción de su valor de 1.944 millones de euros, en especial en los suelos, donde se redujo en 1.528 millones”, lo que generó la necesidad de mayores provisiones.
No obstante, aclararon que no objetan metodologías diversas a las previstas por el Banco de España pues “probablemente facilita la venta de activos a inversores internacionales”, sino que se empleen para el cálculo de provisiones “si al mismo tiempo se mantiene que se cumple con el marco contable” del regulador.
