UGT ha advertido de un descenso notable de usuarios de la prestación de ayuda a domicilio en la provincia —sin contar los de la capital segoviana—, de manera que su número ha pasado de 1.218 en febrero de 2018 a 782 en el mismo mes de este año, según los datos que maneja el sindicato.
El secretario general de FESP-UGT en Segovia, Miguel Ángel Mateo, junto a la responsable autonómica de la central sindical de Ayuda a Domicilio de esta Federación de Empleados de Servicios Públicos, Pilar Fernández González, y la secretaria de la actividad Sociosanitaria, María José González Marcos, ha ofrecido una rueda de prensa para denunciar la problemática del sector y anunciar una serie de medidas, empezando por la solicitud de una reunión con los responsables políticos de la Diputación, que gestiona esta prestación en la provincia a través de la adjudicación a una empresa especializada; desde finales del año pasado Claros, SCA de Interés Social.
UGT también quiere reunirse con representantes de las formaciones políticas con representación en la institución provincial.
Mateo ha explicado que desde el año 2017 los CEAS rurales de la Diputación están derivando los nuevos expedientes de usuarios de ayuda a domicilio, así como los de ampliación de las horas de prestación a empresas vinculadas, de manera que no interviene Claros y son los demandantes del servicio, o sus familias, quienes abonan directamente la cuantía estipulada por las horas de servicio recibidas, ya que reciben directamente de la Junta, en su caso, una ayuda vinculada.
El responsable sindical señala que “la Junta puede retrasar inicialmente los pagos dos, tres o cuatro meses y Segovia tiene una provincia muy envejecida donde la mayoría de jubilados cobran la pensión mínima (que no llega a los 700 euros) o la pensión de viudedad (que no llega a los 600), por lo que no tienen capacidad para adelantar ese dinero”.
Esto lleva aparejado, a juicio de Mateo, que en algunos casos finalmente se opte por el ingreso en residencias de mayores, lo que conlleva la despoblación de zonas de la provincia como el Nordeste, y afecta directamente a las auxiliares de ayuda a domicilio.
UGT indica que de la plantilla de Claros que cubre este servicio en Segovia, entre 285 y 290 personas, solo cuatro tienen jornada completa y hay varios casos en los que no alcanzan las 8 ó 10 horas mensuales, “por lo que no les compensa económicamente”.
Mateo no descarta movilizaciones como las concentraciones que ya protagonizó el sector en la primavera del año pasado.
Nuevo contrato desde diciembre
La Diputación Provincial y la empresa Claros formalizaron el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia el 19 de diciembre del año pasado, con entrada en vigor al día siguiente. El montante económico estimado asciende a 8.009.393,5 para un periodo de ejecución de dos años (el presupuesto de licitación ascendía a 8.380.020,48 euros).
Hay que recordar que cuando el pleno de la institución provincial aprobó el pliego que ha regulado el procedimiento de adjudicación de este contrato, el diputado delegado y vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y el portavoz socialista, Alberto Serna, destacaron el consenso alcanzado sobre el documento.
En ese momento ya se informó de que el número de usuarios de este importante servicio había oscilado durante el primer cuatrimestre de 2018 entre los 1.241 usuarios del mes de enero y los 1.173 de abril, mientras las horas de prestación se situaban entre las 21.773 de enero y las 19.755 de febrero, con el resto de los meses en torno a las 20.000 horas.
