Castilla y León se convirtió ayer en la primera Comunidad Autónoma de España en aprobar una Ley de Conciliación y de Eliminación de la Brecha Salarial, una norma, como defendió el consejero de Empleo y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Carlos Fernández Carriedo, “innovadora, comprometida” y que genera “nuevos derechos”, a pesar de lo que únicamente fue respaldada por el PP en las Cortes frente al voto en contra de PSOE y Podemos por no “ver avances” y la abstención de Cs y UPL.
Carriedo defendió esta norma en una intervención en la que agradeció de forma especial el trabajo realizado por la exconsejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Alicia García, quien cesó de este cargo para concurrir como cabeza de lista del PP al Congreso por Ávila. No obstante, García sí siguió el debate de esta norma desde su escaño como procuradora en las Cortes.
En su intervención, el consejero aseguró que la Ley que salió adelante aborda “de manera global” dos “grandes retos” como son el derecho a conciliar y la eliminación de la brecha salarial y de género. Además, como ha reiterado el consejero, con esta norma la Comunidad se convierte en la “primera” de España en presentar una norma de estas características.
“Se trata de una nueva ley innovadora y comprometida para seguir avanzando unidos en conciliación y corresponsabilidad, que supone la generación de nuevos derecho, mejorando nuestro sistema de bienestar y de protección social, y con el objetivo declarado de alcanzar una igualdad retributiva real y efectiva, que sea el principio del fin de cualquier tipo de desigualdad en el empleo”, defendió Carriedo.
No obstante, el texto normativo no ha contado con el respaldo de PSOE y Podemos, cuyos procuradores insistieron en que la norma no avanza en los objetivos planteados. Sin embargo, esta Ley contó con la abstención de Ciudadanos que la enmarca dentro de la “lucha por la igualdad” y la del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, “no mejora la Ley estatal”.
La procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña insistió en su intervención ante la Cámara en que la Ley está “obsoleta” antes de entrar en vigor, tras lo que la calificó de “rancia” y con “planteamientos viejos y anticuados”. “No hace nada para avanzar en derechos”, lamentó la procuradora del PSOE.
Además, Muñoz lamentó que se relaten medidas a pesar de rechazar el origen de los problemas, ya que, como defendió, la “brecha salarial” genera una “discriminación” para las mujeres durante toda su vida y, además, pasa factura al reflejarse “en las pensiones”.
“La precariedad tiene el nombre de las mujeres, igual que la segregación, los salarios indignos, sin cotizar, no tienen desempleo, ni pensión y son vulnerables a abusos y acoso”, lamentó la procuradora socialista quien aseveró que “la corresponsabilidad no se impulsa, se implanta”.
Por su parte, la procuradora de Podemos Laura Domínguez insistió en que se trata de una Ley que “no es buena” y “no es feminista” porque no incluye medidas que avancen en igualdad y se centra en otorgar “subvenciones” a empresas de “forma indiscriminada”.
Finalmente, la procuradora de Cs Belén Rosado sí reconoció que se trata de una Ley pionera y, a pesar de la abstención de su grupo, reconoció que avanza en la eliminación de la brecha salarial. “Hay mujeres de izquierdas, de centro y de derechas pero todas somos mujeres y luchamos por lo mismo, la igualdad”, concluyó.
