La portavoz del Govern, Elsa Artadi, informó ayer que el presidente Quim Torra mantendrá el lazo amarillo en la fachada de la Generalitat, tras la petición que la Junta Electoral Central (JEC) le formuló este lunes por segunda vez.
Así lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, después de que la JEC insistiera, en una nueva resolución, que la Generalitat debe retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en un plazo de 24 horas, que finalizó ayer.
Artadi añadió que el gabinete jurídico de la Generalitat preparó otro escrito para la JEC para apelar contra su decisión, y Torra reclamó al síndic de Greuges, Rafael Ribó, un informe sobre qué debe hacer el Govern en este asunto.
La también consejera de Presidencia insistió en que mantener los lazos amarillos en los edificios públicos es una cuestión de defensa de la “libertad de expresión”, y considera que la JEC la está poniendo en cuestión al exigir la retirada.
Artadi también anunció que Torra ha pedido al síndic de Greuges que emita un informe sobre qué debe hacer la Generalitat, y aseguró que el presidente catalán lo cumplirá aunque eventualmente la conclusión sea que debe retirarlos: “Nos gusten o no se seguirán las recomendaciones del Síndic”.
La portavoz negó que con este movimiento el Govern trate de pasarle la presión a Ribó: “El síndic ha sido una persona que no se ha escondido de ningún debate y siempre ha actuado con firmeza y ha comparecido en el pleno del Parlament” cuando se le ha requerido.
El Govern ha decidido no aplicar la resolución de la JEC y, por el contrario, sí acatar al Síndic, y Artadi defendió que esto responde a la lógica de que la Generalitat debe atender siempre a las consideraciones de “instituciones propias”.
Imposibilidad
El presidente de la Generalitat remitió posteriormente un escrito a JEC en el que le solicitó la “suspensión del plazo” que este órgano ha concedido al Govern para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.
En el documento, se alega, entre otras cuestiones, la “imposibilidad” de ejecutar una orden de estas características, debido al gran número de edificios públicos que gestiona la administración catalana.
“Insisto en la imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado”, sostiene Torra en su escrito, que alega que no solo la Generalitat tiene muchos inmuebles, sino que además no todos los gestiona de forma directa.
Así, esgrime que algunos de estos inmuebles están gestionados por empresas públicas, empresas privadas prestadoras de servicios, consorcios, fundaciones, mancomunidades, entidades sociales, etc. y esto hace imposible ejecutar la orden, a su juicio.
“Son centros con autonomía funcional, como centros de investigación, hospitales, universidades, institutos, escuelas, centros de jóvenes, de jubilados”, pone como ejemplo el presidente.
