El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia ha declarado nulo el sistema de selección mediante libre designación de 16 puestos de trabajo del Ayuntamiento y condena en costas al consistorio segoviano, hasta un límite máximo de 1.000 euros, en la demanda que presentó Centrados en Segovia, que defiende el sistema de concurso para cubrir los citados puestos.
El portavoz municipal de esta formación, Cosme Aranguren, a raíz de la sentencia del citado juzgado, comunicada a las partes esta semana, ha pedido “la inmediata dimisión” de la concejala Marisa Delgado —responsable del área de Gobierno Interior y Personal—, así como “la dimisión o el cese inmediato de la jefa de Personal del Ayuntamiento de Segovia”.
Sobre esta última, entiende que no ha cumplido con las exigencias de la normativa vigente, reforzada por abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo y de varios Tribunales Superiores de Justicia, que indica que la libre designación tiene carácter excepcional y, por lo tanto, debe incorporarse a cada expediente, de manera individual, una memoria o justificación de por qué se ha utilizado este sistema para la provisión estos puestos de trabajo del Ayuntamiento.
En concreto, los puestos afectados son el de secretario general, vicesecretario, arquitecto jefe de la sección de Licencias, adjunto jefe del Servicio de Gestión y Planeamiento, jefe de sección de Patrimonio Histórico, jefe de sección de Patrimonio Mundial, recaudador, puestos contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo de técnicos de Administración General cuya forma de provisión sea la libre designación, oficial conductor de Alcaldía, jefe del Servicio de Urbanismo y jefe del Servicio de Gobierno Interior y Personal.
La demanda fue presentada por Centrados contra la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 2018, aprobada por el pleno de 23 de febrero del año pasado, e incluía otros ocho puestos de trabajo pero durante el proceso judicial se ha aprobado la citada Relación para este año 2019 con modificaciones que recogen que los citados funcionarios accedieron directamente tras la superación de una oposición.
Se trata en este caso del intendente jefe de la Policía Local, ingeniero de Caminos, economista, coordinador de Actividades Culturales, oficial jefe del Servicio de Extinción de Incendios, técnico de Deportes/jefe de la sección de Deportes, técnico de Sistemas y Tecnología de la Información y técnico gerente de Medio Ambiente, Parques y Jardines.
¿Y ahora?
Aranguren sostiene que cuando la sentencia sea firme —el Ayuntamiento puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León— “nosotros consideramos que esos puestos quedan vacantes y deben salir a concurso, aunque estarán cubiertos provisionalmente por los que ahora mismo los ostentan, imaginamos”.
El portavoz de la formación magenta —que concurrió a las elecciones de 2015 bajo las siglas de UPyD— ha insistido en que el Ayuntamiento, a través de la abogada que defendió sus intereses en este procedimiento, ha reconocido en el escrito de conclusiones con el que se cerró la vista oral que “no existe memoria o justificación” para motivar por qué se utiliza el sistema de libre designación, de ahí que recomiende “no recurrir la sentencia”.
Por otra parte, cree que el Gobierno municipal socialista “debería revisar, por no decir rescindir, el contrato con la asesoría jurídica de este Ayuntamiento porque el día de la vista pública la abogada llegó a insinuar que nosotros habíamos actuado con una motivación electoralista. Eso, a quien defiende los intereses de un Ayuntamiento, no los del equipo de Gobierno, no se le debe de consentir, por lo que creemos que se debe replantear o por lo menos dar un toque de atención al despacho”.
Motivación complicada
Por su parte, el abogado Jesús Tovar, que ha representado a Centrados en el juzgado segoviano, explica que aunque el Gobierno municipal puede decir “que la sentencia no tiene trascendencia” porque puede optar por motivar el uso de la libre designación para los 16 puestos de trabajo para los que el juzgado ha anulado esta forma de provisión, “es un problema complicado, no basta con motivar sino que hay que justificar por qué”.
Añade que la dificultad para motivar o justificar este sistema viene de que se trata, por lo general, de puestos técnicos y dice, por ejemplo, que el secretario general tiene una funciones muy concretas por Ley, no hay nada excepcional. “Lo pueden intentar, volveremos a discutirlo y creo que hoy por hoy nos darían la razón”.
