El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto ley que recoge la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, el registro de la jornada laboral, bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, la recuperación de la cotización de cuidadores no profesionales y el aumento de las cuantías no contributivas de las prestaciones familiares por hijo.
Así lo señaló la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que el gasto que comportan estas medidas se afrontará a través de la prórroga de los Presupuestos Generales de 2018, la reordenación de determinadas partidas, la eliminación de otras, como el contrato de apoyo a emprendedores, y el aumento de las cotizaciones, que cifró en 3.300 millones de euros, por lo que defendió que hay “margen de maniobra” para que las medidas salgan adelante.
Valerio incidió que los servicios jurídicos prevén la publicación del real decreto ley el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque cada medida entrará en vigor en distintos días, y espera que sea convalidado en la Diputación Permanente del Congreso.
El decreto ley fija recuperar el subsidio para parados mayores de 52 años, frente a los 54 actuales, lo que tendrá un coste de 348,7 millones y del que se beneficiarán más de 114.000 personas, explicó Valerio, quien indicó que, además, afectará a otras 266.000 personas, ya que pasarán a cotizar por el 125% de la base mínima de cotización, frente al 100% del salario mínimo interprofesional actual.
De esta forma, los nuevos beneficiarios del subsidio cotizarán en el SEPE por el 125% de la base mínima de cotización y los que ya lo perciben pasarán a hacerlo también por ese 125% de base mínima, referenciada al SMI.
Subsidio parcial
A su vez, se verán afectadas otras 12.000 personas que cobrarán el subsidio de forma parcial, ya que a partir de ahora todas las personas con contratos a tiempo parcial cobrarán la totalidad del subsidio como si trabajasen a tiempo completo. En conjunto, en torno a 380.000 personas se beneficiarán de los cambios en el subsidio.
El subsidio para mayores de 55 años es una ayuda mensual de 430 euros que el trabajador en paro cobra hasta que alcanza la edad de jubilación que le permite acceder a una pensión contributiva, con independencia de su modalidad, lo que en la práctica se traduce en jubilaciones anticipadas forzosas y, por tanto, en pensiones de menor cuantía. Esta medida entrará en vigor al día siguiente de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Igualmente, a través de este decreto ley se incrementa la duración máxima del subsidio, de forma que los beneficiarios podrán seguir percibiéndolo si no encuentran empleo hasta que les llegue la edad de jubilación.
Asimismo, el real decreto ley modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que las empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.
En concreto, establece que las compañías deberán conservar los registros durante cuatro años y que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación del real decreto ley en el BOE para poner en marcha esta medida.
De manera complementaria, se modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada.
También se establecerán bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, con un coste de 25,68 millones. Así, los empresarios que contraten indefinidamente a personas desempleadas inscritas en el SEPE, al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, tendrán derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social por trabajador de 1.300 euros al año durante 3 años, cifra que ascenderá a 1.500 euros anuales si la contratada es una mujer. Este “plus” para las mujeres busca paliar la brecha laboral, ya que del total de 1,32 millones de parados de larga duración, el 64% son mujeres, apuntó Valerio.
