El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Súarez-Quiñones, defendió ayer que la comunidad autónoma de Castilla y León no puede estar sin actividad de caza y se mostró confiado en que las “consultas” ya iniciadas con los distintos partidos políticos permitan adoptar “una decisión adecuada y rápida”.
Suárez-Quiñones incidió en que los intereses de la Comunidad deben estar “por encima de intereses partidistas” y, por ello, abogó por adoptar “las decisiones que correspondan” después del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula el decreto de las especies susceptibles de ser cinegéticas, una sentencia que “se puede recurrir” pero que a día de hoy es “ejecutiva”, tal y como reconoció el consejero.
Además de mostrar su preocupación por la repercusión económica, de empleo y de fijación de población de la sentencia, el consejero alertó de las consecuencias de una “superpoblación de fauna salvaje” y su efecto en la seguridad vial o en la sanidad de la cabaña ganadera.
Por ello, defendió la postura del voto particular del auto del TSJCyL, “un voto muy fundado” que es la postura que “absolutamente” defiende él y la Junta de Castilla y León, unos criterios con los que ha señalado estar “totalmente de acuerdo”.
Por su parte, el presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, insistió en el carácter “imprescindible” de la caza para una comunidad como Castilla y León, por eso ha recordado que su partido está “trabajando” para “blindar” su práctica y dar “una solución adecuada» tras la decisión de suspender el decreto que la regula.
Ante esta medida judicial, Fernández Mañueco destacó su “compromiso” y el del Partido Popular de Castilla y León con la caza, pues “está en juego”, según sus palabras, “no solo la defensa de la cultura y de las tradiciones”, sino también una práctica que aporta puestos de trabajo, “riqueza” económica, fija población y repercute en la seguridad vial y en la “defensa de la sanidad animal”.
