El abogado que defiende a Bernardo Montoya, presunto autor de la muerte de la joven profesora zamorana Laura Luelmo en El Campillo (Huelva), va a pedir su declaración al considerar que “existen nuevas pruebas que aportar”.
El letrado Miguel Rivera explicó que el 4 de marzo va a presentar un escrito al Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde del Camino (Huelva) para pedir que Bernardo Montoya preste declaración tras una nueva versión de los hechos dada por el detenido, que se encuentra en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla).
A juicio del abogado, se hace necesaria una nueva declaración de Montoya ante la Autoridad Judicial porque la versión anterior dada por el detenido tenía por “objeto ocultar” los hechos, “adaptándola a las investigaciones de la Guardia Civil”, mientras que la “versión original se ha quedado en la penumbra”, en la que Montoya dijo con posterioridad que fue su exnovia la culpable de la muerte de la joven zamorana.
Rivera incidió en que entre estas nuevas pruebas existe una “de mucho peso” y se mostró confiado en que la jueza encargada del caso la aceptará por su relevancia.
Asimismo, el letrado se refirió al hecho de que su defendido haya solicitado la prestación del paro y subrayó que “es algo muy común entre los presos” para hacer frente a los gastos que puedan tener en la cárcel o en el caso de que tengan una familia que pueda necesitar ese dinero.
módulo de enfermería
Bernardo Montoya se encuentra interno en la cárcel sevillana de Morón de la Frontera, tras su ingreso la madrugada del día 22 de diciembre en el módulo de enfermería del centro penitenciario de Huelva con un interno de apoyo para reforzar su vigilancia. No obstante, dada la entidad del delito investigado en el caso, se consideró oportuno su traslado de Huelva.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino decretó ese sábado 22 a las tres de la madrugada el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Bernardo Montoya. La jueza lo investiga, por el momento, por los presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual.
Instituciones Penitenciarias aplicó a Bernardo Montoya el artículo 75 que regula medidas para salvaguardar la vida o integridad física del recluso a través de la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales, dando cuenta de ello al juez.
