El gasto en pensiones no deja de crecer. En febrero el aumento ha sido del 7,1 por ciento y se ha situado en su máximo en 10 años. En este mes, no sólo ha aumentado el número de pensionistas, sino que las cuantías se han revalorizado y se han subido algunas bases reguladoras. El agujero del sistema, que ya es superior a los 20.000 millones anuales, no deja de crecer y aún no se ha incorporado el grueso de los que nacieron en el “baby boom”, que tendrán pensiones más altas y, en términos generales, vivirán muchos años. Con este panorama, vimos la semana pasada como el Pacto de Toledo salaba por los aires. Es decir, los políticos fueron incapaces de sacar de la contienda electoral el mayor desafío de la economía española. Ahora, con los procesos electorales abiertos hasta finales de mayo, es fácil pensar que podemos llegar a septiembre (siendo generosos y optimistas) sin presupuestos y sin acuerdos de Estado sobre el problema más acuciante.
No hace mucho, hasta el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció que el sistema daba, si no se hacía nada, para 10 años como mucho.
Tanto el Banco de España como otros organismos nacionales e internacionales han puesto este peliagudo asunto encima de la mesa. Pero, los partidos políticos han preferido mirar para otro lado. Incluso, por pura captación de voto, de forma irresponsable, le han metido al sistema la presión de subir las pensiones más allá del IPC sin retocar ninguna otra pieza. Si no se hace nada, el sistema va a colapsar por lo que he comentado anteriormente. Además, no puede olvidarse que los ingresos son menores, porque los salarios en su mayoría no se han recuperado y porque entran menos trabajadores al sistema debido al invierno demográfico.
Las soluciones, al menos para el corto plazo, están ahí. Es necesario que la jubilación real sea la marcada, que se permita trabajar y cobrar la pensión en su totalidad, tomar como referencia toda la vida laboral para el cálculo de la pensión e ir implantando los planes de empresa. Alguien, algún día, quiera o no, tendrá que hacerse cargo de este problema. Lo mejor sería un pacto de Estado. Lo peor, que no se haga nada y haya que decir a nuestros jóvenes que “donde dije digo, digo Diego”. Tendrán que trabajar más y cobrar menos.
