El ex director general de Caja Segovia, Manuel Escribano aseguró ante el juez Marina Reig, que él llegó a renunciar al 20 por ciento de sus retribuciones para no perjudicar a la entidad. Fue uno de los dos imputados que intervinieron ayer en la segunda jornada de declaraciones por el caso de las aportaciones millonarias de la extinta entidad de ahorros.
Su gesto lo relató el abogado de Escribano, Luis Rodríguez Ramos, quien también defiende a Atilano Soto y a Manuel Agudíez. Según dijo, al término de una comparecencia de casi tres horas ante el magistrado y la fiscal (porque también se negó a responder a las preguntas de la acusación particular de UPyD), Escribano había realizado una buena gestión al frente de Caja Segovia, donde accedió a la Dirección General a mediados de los años 90. “Gracias a él, Caja Segovia experimentó un gran despegue”, dijo su abogado.
Por si fuera poco “renunció al 20% de la prejubilación que le correspondía porque consideraba que era injusto y por el bien de la Caja”. Lo hizo en 2010 cuando una consultoría externa desaconsejó subir a los directivos las retribuciones variables que cobraban a costa del sueldo fijo “porque ya estaban ganando mucho dinero”.
El abogado matizó además que estas decisiones se hicieron sin saber en qué medida iba a afectarles luego la integración que se estaba fraguando pero que aún no se se había aprobado.
En esta misma línea habló Elena García Gil, que fue secretaria de la Comisión de Retribuciones de la entidad. Según dijo, las retribuciones de los altos directivos de la entidad nunca se modificaron al alza y que la única variación, aprobada en 2009, fue la disminución en un 15 por ciento del sueldo del director general, Manuel Escribano, «con el consiguiente beneficio para la Caja”, afirmó también en apoyo al alto ejecutivo.
En lo que los dos imputados coincidieron ayer fue en su convicción de que actuaron siempre “dentro de la legalidad”. Y que ahora están sufriendo consecuencias por el modo en que se está viendo por la sociedad segoviana el proceso del final de la entidad.
Así, Manuel Escribano no sólo habló del esfuerzo que hizo en bajarse su retribución, sino en que ha tenido que vender su casa de Segovia porque antes era apreciado por el 90 por ciento de los segovianos y ese porcentaje ahora le considera casi un delincuente, según las palabras de su abogado.
Además apuntó que el año pasado le ofrecieron varias propuestas de trabajo que ha perdido a consecuencia del proceso judicial abierto y la mala imagen que le ha quedado. “Cuando una persona ha actuado con honradez y con ética a lo largo de su vida, con un espíritu de servicio a la caja, pasa a ser considerada un delincuente porque ha defraudado a esa caja, ese daño moral es irreparable”, señaló su abogado.
Y lo mismo había dicho Elena García Gil, quien manifestó a los periodistas que podía entender el malestar de los ciudadanos pero, creía que les habían explicado mal lo ocurrido.
García Gil, que actualmente forma parte del Patronato provisional de la Fundación Caja Segovia, mostró su total convencimiento de que no se produjo ilegalidad alguna.
La actual secretaria de la Federación de la Mujer Rural (Femur), quien tampoco respondió a las preguntas de la acusación particular durante la vista, dijo que en 2008 no se sabía con exactitud cuál sería el futuro de la Caja, pero había cierta «inquietud» pues se vislumbraba que el sistema financiero tenía que cambiar y se tendrían que producir integraciones y fusiones de bancos y cajas.
En su intervención quiso dejar claro que a la hora de establecer las retribuciones siempre se cumplió con las cláusulas recogidas en los contratos del Comité de Dirección. “Los acuerdos que se tomaron sobre las prejubilaciones de los altos cargos estuvieron siempre avalados por informes internos y externos que garantizaban la legalidad de las propuestas”. “Si las cifras eran altas o bajas tampoco dependía de nosotros, sino de acuerdos contractuales de La Caja con sus directivos. Vamos a demostrar que eso es absolutamente legal”, manifestó antes de entrar a someterse a las preguntas del juez.
Según agregó, las propuestas estaban encaminadas a modificar las características de la prejubilación de los directivos, pues tenían condiciones «restrictivas» establecidas en 2006 con motivo de la implantación del plan estratégico de la Caja y dejaban de existir en 2011 ante la fusión en Bankia.
Su abogado, Jesús Tovar, también mostró su confianza en que todo este proceso se va a archivar “con cierta agilidad porque no se entra en la moralidad, si no en la legalidad. La moral hay que remitirla a 1995 que es cuando se firman los contratos”, dijo.
Por su parte, desde el partido que representa la acusación particular, UPyD, el abogado Andrés Herzog criticó la postura de Escribano: “Ha sido un autobombo continuo, hasta el punto de decir que sin él La Caja no habría durado ni diez minutos”. Y le reprochó que no hiciera nada para evitar la elevada deuda que existe actualmente.
Herzog también manifestó que Escribano tenía un salario anual de unos 700.000 euros y que en el último año de Caja Segovia cobró alrededor de 800.000. “Lo más escandaloso es que una persona jubilada con 65 años va a cobrar esos mismos 800.000 euros año tras año, y él todavía eso lo presenta en la sala de vistas como un sacrificio en favor de La Caja”.
Hoy miércoles concluye la primera ronda de interrogatorios por parte del juez Jesús Marina con la participación de quien fuera secretario general de Caja Segovia, Antonio Tapias.
