Los abogados defensores de los acusados en el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia criticaron ayer a las acusaciones y a algunos testigos el haber obrado con mala fe en este juicio.
En la octava y última sesión de la vistaoral celebrada en la Audiencia Provincial, los letrados que faltaban por presentar sus informes finales se despacharon a gusto. Sus dardos fueron directos a sus dos colegas de la acusación particular y popular. Pero también hacia algunos testigos que formaron parte de los órganos de gobierno de Caja Segovia, y cuestionaron el modo de obrar.
El abogado del expresidente y del vicepresidente Caja Segovia, Atilano Soto y Manuel Agudíez, Joaquín Rodríguez, calificó de “perversa y diversa” la acusación particular (Fundación Caja Segovia), mientras de la acusación popular (IU) ignoró sus argumentos afeándole que había confundido la sala del juicio con un parlamento político. Justificó el consejo dado a sus defendidos para que no contestaran a las acusaciones. Señaló que los hechos denunciados “no están probados”, y recordó que este asunto ha sido archivado en dos ocasiones anteriores, pero que luego fue reabierto por un recurso interpuesto por la Fundación Caja Segovia. Fue aquí cuando aprovechó este abogado para felicitar a la Fiscalía por su “defensa de la legalidad” al pedir que se archivara la causa y considerar legales las retribuciones de los exdirectivos.
Joaquín Rodríguez insistió en que estas retribuciones eran acordes con el momento del mercado, y la información interna de Caja Segovia estuvo siempre a disposición de los consejeros. Recriminó las manifestaciones de algunos testigos, sobre todo las de los representantes de los empleados, a quienes acusó de no actuar correctamente por dimitir como consejeros en lugar de denunciar las supuestas irregularidades que, por contra, habían aprobado previamente. Insistió en que no hubo reprobaciones de las auditorías externas ni en los informes aportados en las pruebas periciales.
Condena social
El abogado Luis Rodríguez Ramos, defensor de Antonio Tapias y Manuel Escribano, dijo que sus clientes y el resto de acusados llevan más de cinco años “sometidos a tortura moral», y han sido ya condenados por la opinión pública al ser considerados como «ladrones» por parte de la sociedad. En su intervención dijo que se ha producido un “juicio paralelo” en los medios de comunicación, tras publicar las cantidades percibidas por los exdirectivos. Estas cifras fueron difundidas por la formación política UPyD, que también fue acusación en este juicio, hasta que se retiró por problemas económicos.
También el abogado Fernando Polo, representante del exdirector de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla, manifestó que habían sido «ajusticiados públicamente» los acusados. Y usó los calificativos de “mala fe” y “temeridad”, entre otros, para definir el modo de actuación de las acusaciones en el juicio.
Al inicio de la vista de ayer, el abogado de la exvicepresidenta segunda de la Caja, Elena García Gil, Jesús Tovar, negó que la acusación haya probado el perjuicio económico que se habría ocasionado a la Fundación Caja Segovia (acusación particular); y, por tanto, tampoco existe delito de administración desleal ni apropiación indebida. Tovar coincidió con sus colegas en señalar que las retribuciones eran acordes con el momento económico y la situación del sector bancario. “Si las prejubilaciones eran altas o no, lo marca el mercado en cada momento”, apuntó.
Se dirigió al Ministerio Fiscal para reprocharle que dijera que las cantidades podían ser “inmorales”, porque, ese parecer “debilitará el resultado de la sentencia”, que pidió fuera absolutoria. En sus críticas más duras a los testigos se centró en el exalcalde Pedro Arahuetes, y el presidente de la Fundación, Javier Reguera.
Costas
Todos los defensores solicitaron al Tribunal la imposición de costas a la acusación, que podría llegar a los seis millones de euros, o más si se concurriera temeridad, como indicaron algunos de los abogados que habían actuado las acusaciones.
La vista oral finalizó sin que los acusados hicieran su derecho del uso de la palabra, siguiendo así el consejo de sus propios abogados. De este modo, el juicio quedó visto para sentencia, cuyo resultado podrá conocerse en el plazo de un mes, y será recurrible ante el Tribunal Supremo.
