El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez calificó de “ilegal” el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, pero al mismo tiempo defendió que organizar una consulta así “no merece reproche penal”, y de hecho subrayó que ni la Fiscalía ni ninguna autoridad judicial les prohibieron hacer campaña. “Organizar un referéndum ilegal no merece reproche penal. La ciudadanía asumió de manera muy mayoritaria su voluntad de votar. Creemos que todo el mundo tenía el derecho a participar como en una manifestación”, justificó Sànchez durante su declaración en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, que duró más de cinco horas.
El acusado comenzó a responder preguntas sobre el 1-O después del receso del juicio para comer. En la mañana de ayer el interrogatorio estuvo más centrado en el 20-S, y ya por la tarde se le cuestionó sobre las movilizaciones durante el día del referéndum.
A la pregunta del fiscal Javier Zaragoza acerca de si sabía que la ley del referéndum y el decreto de convocatoria habían sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, el acusado respondió que no tuvo “conciencia” de que la Fiscalía o las autoridades judiciales “prohibieran a la ciudadanía participar”.
Y además, insistió varias veces en que la ANC, Òmnium Cultural y otras organizaciones hicieron campaña “de forma muy activa” durante los 15 días previos al 1-O: “Lo hicimos de forma pública, pidiendo permiso para cada acto. Y en ningún caso, a pesar de la publicidad, de que alquilamos espacios, se nos prohibió ni se nos dijo que no podíamos llamar a participar. Hicimos una campaña pública, visible”.
Sànchez se escudó en que la sentencia como tal del tribunal de garantías declarando inconstitucional el referéndum se emitió con posterioridad al 1-O, pero ante la insistencia del fiscal, ya que el fallo suspendiendo la convocatoria es de unas semanas antes, contestó que “si la ley estaba suspendida, un Estado de Derecho que confía en sus instituciones no tiene qué temer ante una movilización ciudadana así”.
“La lógica del Estado de Derecho incluye también respetar la ley y las resoluciones judiciales”, respondió el fiscal Zaragoza para dar comienzo a su siguiente pregunta, pero fue interrumpido por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para evitar “entrar en un debate sobre dónde están los límites”. “Ahora estamos interrogando sobre hechos”, añadió el magistrado, una advertencia que ha repetido después al abogado de Sànchez, Jordi Pina.
Cuerpos de seguridad
Lo que sí admitió Sànchez es que sabía que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas había dado órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no permitieran la celebración de la consulta.
En este sentido diferenció entre lo que pedía la Fiscalía sobre el cierre de los colegios durante todo el fin de semana para evitar que se utilizasen como centros electorales y la decisión de la magistrada que, a su juicio, “dio un giro de 180 grados”, ya que únicamente ordenó la prohibición de organizar un referéndum pero no la realización de otras actividades. Asimismo, Sànchez reconoció que entregó a ciudadanos catalanes papeletas del referéndum al igual que instó a imprimirlas para que “pudieron ejercer su derecho democrático”. Lo que sí negó es que la ANC escondiese urnas.
El fiscal insistió sobre por qué hicieron llamadas a votar ese día, el acusado ha afirmado que “el derecho de manifestación, la libertad de expresión” para defender la autodeterminación “no es un acto ilegal”.
