RENFE ha sido y es un servicio público, una compañía cuya formación data de mediados del siglo pasado, con normas y reglamentos que se dictaron en aquel entonces.
Su mejor cara y la más actualizada es el transporte entre capitales de provincia en sus líneas de AVE, con el cual demuestra la idoneidad de este tipo de transporte en un país de medianas dimensiones como España, aunque peca de unos precios en parte excesivos. Otra de sus fortalezas es sin duda la de los transportes de cercanías en los que da un gran servicio alrededor y hacia el interior de las grandes ciudades. Donde RENFE empieza a flojear o incluso a fallar estrepitosamente es en el transporte interprovincial. La compañía debería haber dado el salto a la modernidad total -y no parcial- en el último tercio del siglo pasado, al igual que hizo Telefónica; un gran paso hacia adelante para luego expandirse en los países de Iberoamérica. Pero en RENFE impera el criterio de rentabilidad, lo cual destroza toda posible modificación y ejecución de proyectos más innovadores en el transporte entre localidades de provincias. Esto choca con el concepto de servicio público exclusivo, pues el abandono de proyectos, tanto antiguos, como modernos por parte de la compañía está influyendo directa, y en muchos casos negativamente, en las ciudades o pueblos a los que no da servicio, conculcando el derecho de todos los españoles a tener a un buen servicio ferroviario estén donde estén.
La solución para este abandono es que sea reclamado por aquellos usuarios finales que por ahora están totalmente olvidados y entregados en manos del otro servicio público que les mantiene comunicados con las ciudades y pueblos del resto del país, me refiero al autobús. Es muy importante que los vecinos de las poblaciones que han tenido y tienen todavía instalaciones ferroviarias, como vías e incluso estaciones, peleen y reclamen los servicios que RENFE está obligada a ofrecer y que hasta ahora, escudándose en el criterio de que la vía es deficitaria, no ejecutan e incluso que se agrupen pueblos vecinos con la misma demanda al pasar las vías por sus localidades. Aquí sí es necesario introducir una nueva manera de acometer este asunto, lo cual podría pasar por ceder, al menos en parte, el diseño de los proyectos y posibles modificaciones de los servicios de la compañía a las comunidades autónomas, para que sean ellas quienes desarrollen el transporte ferroviario interprovincial. Es básico también que los pueblos y sus vecinos tomen conciencia de que tienen que hacer valer sus derechos ciudadanos para que RENFE mantenga los servicios e incluso modernicen y reprogramen nuevas líneas y horarios para aquellas poblaciones que lo pidan y necesiten.
Conviene recordar que muchas zonas de España se están quedando deshabitadas y no es descabellado pensar que el problema del transporte es un motivo de peso que influye negativamente. Otro asunto son las abandonadas instalaciones de Renfe que se deterioran y acaban por perderse. La inclusión de los partidos políticos, junto con los ciudadanos de las poblaciones afectadas, haría gestionar y modernizar una compañía que hasta mediados del siglo pasado fue imprescindible para el desarrollo del país y que como no lo arreglemos rápido puede convertirse en argumento decisivo en el deterioro y abandono de grandes zonas rurales de nuestro país.
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(*) Miembro de la Agrupación Ciudadanos El Espinar.
