El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunció ayer que la Junta de Andalucía abrió un expediente “muy grave” contra el pozo de Totalán (Málaga) donde falleció Julen, el niño de dos años localizado sin vida a los 13 días después de caer en él, para que así se interpongan las “sanciones pertinentes”.
Así lo manifestó el delegado en rueda de prensa tras presidir la reunión interadministrativa para intensificar el control de los pozos ilegales en la comunidad andaluza. En este marco, Gómez de Celis explicó que el Ejecutivo andaluz abrió el citado expediente administrativo que concluirá en el “procesal oportuno”.
Igualmente, el delegado del Gobierno en Andalucía dijo que será a partir de ese momento cuando se impondrán las “sanciones pertinentes” por el pozo ilegal donde falleció el pequeño.
Sobre los costes del rescate, situados en torno a los 700.000 euros, que la Junta anunció que asumirá este pasado martes, el delegado subrayó que “no es que el Ejecutivo andaluz asuma los costes, es que su competencia”. Por otra parte, apuntó que la labor del Gobierno fue la de gestionar el dispositivo de Guardia Civil, Ejército y mineros de Asturias, así como la coordinación de la obra y la labor de comunicación con medios de comunicación, entre otras tareas. “Cada uno asumió sus competencias”, señaló.
relaciones con la junta
Al respecto, tildó de “total y excelente” la disposición y relaciones con la Junta de Andalucía —tanto la saliente como la entrante— durante el proceso de rescate, valorando la disposición del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), días antes de su toma de posesión para conocer cómo se estaba desarrollando la operación.
Al hilo, Gómez de Celis confirmó que el pasado 28 de enero trasladaron al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la propuesta para el ingreso en la orden del mérito civil a profesionales y civiles implicados en los 13 días en los que se prolongó el rescate de Julen.
