Nuevas perspectivas para la atención al anciano dependiente en Castilla y León
La Consejería de Servicios Sociales e Igualdad ha presentado a finales del último diciembre un documento en el que se plantea la necesidad de reorientar y mejorar la atención a los mayores en situación de dependencia, es decir, a aquellos que necesitan ayuda, en mayor o menor medida, para desenvolverse en la vida cotidiana. Sobre la base de ese documento se pretende elaborar y, finalmente, aprobar un decreto que dará cobertura legal y estimulará una nueva filosofía de la atención a estas personas y del uso de los recursos prácticos que se pondrán a su servicio.
Seguramente, el nuevo decreto va a contribuir a mantener bien alto el listón de nuestros servicios sociales, que, como seguramente sabrán, se hallan entre los mejores de España. El Índice DEC (elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales) para 2017 sitúa a nuestra Autonomía casi en el tope en cuanto al reconocimiento de derechos sociales y en lo concerniente a la cobertura de necesidades, en la que obtiene 7 puntos sobre 10, supera al País Vasco (que tiene también un buen sistema, pero cuyo esfuerzo económico no se traduce en una cobertura acorde con él). En la valoración de conjunto, sólo el País Vasco nos supera, con 7,7 puntos, a los que Castilla y León se aproxima mucho con sus 7,5.
Y, como es natural, el envejecimiento poblacional hace que una fracción muy importante de nuestros servicios sociales se dedique a la atención de las personas mayores. Las tres comunidades autónomas del noroeste formamos un triángulo que reúne el menor porcentaje de niños sobre el total de sus habitantes y, a la vez, la mayor proporción de mayores de 65 años, que llegan a suponer casi un 25%, según datos de 2016. Que nuestra Administración haya decidido renovar y mejorar su atención resulta, así, por un lado, elogiable, ya que hay otras que, en circunstancias parecidas, no lo hacen, pero, por otro, parece que lo impone el mero peso de la propia realidad demográfica.
No me siento capacitado para criticar los aspectos técnicos de los que se trata en la segunda parte del documento preparatorio del decreto, pero sí quisiera hacer alguna consideración sobre la filosofía general que lo inspira, detallada en las primeras páginas. Se nos dice en ellas que se va a trabajar de acuerdo con un modelo al que se llama de atención centrada en la persona y que toma como fuente de inspiración la psicología humanista de Carl Rogers. Pero, para empezar, resulta inmediatamente chocante que se diga que tal modelo incorpora como novedad el reconocimiento de que los seres humanos conservan la plenitud de sus derechos hasta el final de sus días o que se explique que, entre sus premisas, se hallan la afirmación de la dignidad de las personas, de su carácter único y del derecho de cada cual a controlar su propia vida. ¿Es que el redactor cree que estos principios son sólo cosa que atañe a los servicios sociales y que han sido descubiertos hace cuatro días en el seno de los movimientos de renovación que cita o, simplemente, se trata de que no ha sabido presentar adecuadamente la relación entre los grandes principios humanistas que rigen a nuestra sociedad en su conjunto y esta reforma concreta que ahora se propone? Siempre me ha molestado el estilo orwelliano de las reformas administrativas que he conocido. Sus promotores presentan sus planes como grandes novedades y como preocupaciones ostensiblemente olvidadas con anterioridad. Y que conste que, en este caso, no me parece que la carga orwelliana sea muy grande, entre otras cosas porque el redactor cita sus fuentes. Pero es obvio que los grandes principios y las premisas que se reclaman para esta reforma de la atención a los mayores no son específicamente suyos, sino que, por suerte para todos, tienen, como mínimo, un recorrido histórico de más de doscientos años y constituyen la base de las constituciones democráticas actuales y del derecho de ellas derivado. Incluso es al revés, es decir, que de lo que se trata es de que esos principios universales fertilicen los ámbitos particulares en los que se desarrollan los diversos aspectos de nuestra vida cotidiana.
Por otro lado, tampoco puede presentarse como una novedad la aplicación de las ideas de Carl Rogers. Téngase en cuenta que el desarrollo de su propuesta de una psicología centrada en la persona fue llevado a cabo en las décadas centrales del pasado siglo (en los años 40, 50 y 60). Desde entonces ha llovido mucho y quizá debiéramos reprocharnos no haber asimilado antes las aportaciones de esta corriente humanista del tratamiento de las personas. Tampoco el invocado Modelo Housing es de ahora, sino que responde al interés habido desde, al menos, la última década del siglo XX por encontrar alternativas residenciales para los ancianos que fueran compatibles con el mantenimiento y promoción de sus capacidades.
No hago estos comentarios por afán erudito o, meramente, por incordiar, sino porque, a mi entender, se derivan de ellos repercusiones prácticas. Si se va a la reforma agitando los estandartes de una renovación inédita e iluminada se acabará trabajando de manera irreal. En cambio, una perspectiva más modesta nos puede llevar a detectar qué ha estado impidiendo la realización efectiva de los principios humanistas e incluso su conocimiento cabal. Reconocer los impedimentos permite actuar eficazmente sobre ellos. Especialmente, es de vital importancia admitir que hay mentalidades e intereses que actúan espontáneamente en contra de los valores proclamados. Por ejemplo —y sin que tengamos por ello que culparnos, puesto que las cosas son así de manera natural—, juega en contra de los objetivos de dignificación del anciano la espontánea desvalorización a la que nos induce la decadencia de sus habilidades y de su aspecto. Se trata a los viejos como a niños, pero con un sesgo diferente, despectivo. Carecen, claro, del encanto de los pequeños e incluso representan lo contrario de su atractivo resplandor. Modificar esa tendencia natural es muy difícil y debiera formar parte de un programa permanente de actualización y de revisión de todos los que se hallen vinculados a programas para ancianos y quieran tratarlos como las personas que son, de acuerdo con los grandes principios de nuestro ordenamiento colectivo.
Pero, hechas estas observaciones, se debe ver la iniciativa de la Consejería en su conjunto como una aportación positiva. Lo que fundamentalmente se nos quiere decir es que para el traslado a la práctica de los principios humanistas es mejor ir sustituyendo el actual modelo, extraído de la asistencia hospitalaria, por otro en el que prime la relación más íntima y personal con el anciano dependiente. Y también hay un reconocimiento implícito de que esos principios han perdido vigor cuando se han mecanizado las funciones asistenciales, relegando un tanto la preocupación por el sentido personal de la vida de los ancianos. Creo que debemos apoyar este movimiento de renovación, sea con aportaciones positivas o con críticas razonadas, para seguir sintiéndonos orgullosos de la sensibilidad y capacidad de los Servicios Sociales de nuestra Comunidad.
