La Audiencia Provincial vuelve hoy martes a tomar declaración a varios exconsejeros de Caja Segovia en calidad de testigos en la cuarta sesión del juicio oral por el caso de las prejubilaciones millonarias.
Diversos rostros conocidos del mundo de la política segoviana serán interrogados por las partes y por el propio tribunal que juzga este caso. La mayoría de los testigos que acuden hoy han sido propuestos por las acusaciones popular y particular. Entre ellos figuran alcaldes y concejales, diputados provinciales y un procurador regional. La mayoría de los comparecientes dejaron ya los cargos públicos. También se ha citado a representantes de los empleados que ocuparon silla en el Consejo de Administración en la última etapa de la entidad de ahorro, y también algún representante que tenía la Junta en los órganos de Gobierno.
La semana pasada ya pasaron por la Audiencia Provincial los primeros testigos. En total se sometieron a los interrogatorios doce personas que habían formado parte del Consejo de Administración de la entidad.
Los dos días anteriores fueron interrogados los seis acusados de los delitos de apropiación indebida y de administración desleal, tres del equipo directivo, que además son algunos de los beneficiarios del plan de prejubilaciones: Manuel Escribano, director general; Antonio Tapias, secretario general; y Enrique Quintanilla, director de recursos humanos. Y otros tres que no recibieron prejubilación alguna —por no formar parte de la plantilla— , pero a los que se les responsabiliza de la aprobación de las prejubilaciones al tener cargos en los órganos de Gobierno: Atilano Soto, presidente; Manuel Agudíez, vicepresidente; y Elena García Gil, de la Comisión de Retribuciones.
Mañana miércoles 16 continuarán las comparecencias de otros cinco exdirectivos acusados como responsables civiles a título lucrativo pues, aunque no participaron en la toma de la decisión, sí recibieron prejubilaciones de mayor o menor cuantía, según la acusación. Con ellos coincidirán representantes de la Fundación Caja Segovia, pero como testigos.
Esta semana, tanto hoy martes como mañana miércoles pasarán por la sala 25 testigos que ocuparon puestos diversos en los órganos de Gobierno de Caja Segovia cuando se aprobaron las prejubilaciones. Las defensas de los acusados intentarán probar que los planes de jubilación fueron aprobados por el Consejo de Administración. Las acusaciones, por su parte, que los planes de prejubilación salieron adelante ocultando información a los miembros de los órganos de Gobierno, lo cual consideran delito.
Nombres propios. Quienes hoy acudirán como testigos son o han ocupado puestos de concejal o alcalde, como Pedro Arahuetes, Jesús Pastor García, Juan José Sanz Vitorio, Miguel Ángel de Vicente, Concepción Monte, o Fernando Aceves. También se ha llamado a representantes de los empleados, como Eduardo Aguado, Fidel García, o el exdirigente sindical Ignacio Velasco, así como el presidente de la Cámara de Comercio. Pedro Palomo.
En todo caso, la lista de citados de cada jornada está siendo modificada en función del tiempo que se precisa para la toma de declaraciones, y que va organizando el magistrado que preside la sala, José Miguel García, ayudado por otros dos jueces. También se han realizado cambios por solicitudes de algunos de los testigos o porque estaban duplicados al retirarse de la acusación popular el sindicato ‘Confederación Intersindical de Crédito (CIC)’, de modo que quedan como acusaciones el partido Izquierda Unidad (IU), y la Fundación Caja Segovia.
Finalmente esta semana se cerrará con las pruebas periciales, hasta que el día 19 de febrero se presenten las conclusiones finales para quedar visto para sentencia el juicio.
Los once acusados se enfrentan a penas de prisión que oscilan entre los tres y ocho años de cárcel, en función de la acusación, y no todos están acusados de los mismos delitos. Según la acusación, ocho de los once acusados percibirán más de 17 millones de euros de prejubilaciones.
