Los consejeros de Caja Segovia no sólo tenían depositados sus ahorros en la entidad. También su “confianza” en el equipo directivo. Por ello votaban en la mayoría de los casos por asentimiento. Muy pocas veces se hacía a mano alzada, y nunca en los últimos años, se utilizó el voto secreto.
Pero esa confianza se fue desvaneciendo en 2011, año en el que “saltó la alarma”, según dijeron algunos de los consejeros interrogados ayer en calidad de testigos. Algunos afirmaron que se enteraron por la prensa de las cantidades que iban a percibir los directivos.
Confirmaron, como lo hicieron en días anteriores varios de acusados, que cuando se planteaban los planes de prejubilación para aprobarse en el Consejo de Administración, se hablaba de cifras globales.
Estos exconsejeros y miembros de la Comisión de Control aseguraron ayer que habían decidido dimitir en el año 2011 al no estar de acuerdo con las decisiones que se habían adoptado en La Caja.
Las más contundente en explicarlo fue Dolores Romero, quien consideró desproporcionadas las cantidades que iban a cobrar los directivos respecto a otros empleados. Y añadió que cuando se plantearon dudas, el entonces director general en funciones, Miguel Ángel Sánchez Plaza, les pidió “un acto de fe” para creer que los directivos se prejubilaban en las mismas condiciones que el resto de la plantilla.
No fue la única que presentó su renuncia en los órganos de Gobierno. También lo hizo otro antiguo empleado que manifestó su malestar generado por dicha decisión. Bonifacio García, que accedió al Consejo como miembro del grupo de impositores representando a ‘antiguos empleados’, también dimitió en 2011. Fue esa discrepancia la que llevó a un grupo de consejeros a “provocar la convocatoria de un Consejo de Administración extraordinario”. Se celebró en noviembre de 2011, y en él se dieron a conocer las cantidades que percibiría personalmente cada directivo.
Este testigo no tuvo inconveniente ayer en difundir la cantidad que percibe como pensionista, tras haber pertenecido al equipo directivo de la Caja en su etapa laboral, para compararla con la de los actuales acusados. Dijo que siendo consejero acudía a las oficinas para consultar documentación, pero la que le proporcinaban “era muy escasa”. Además se refirió a un informe del Banco de España remitido en 2008, donde se alertaba de la excesiva exposición de Caja Segovia al negocio inmobiliario.
Menos memoria mostró otro ex empleado, Manuel Berzal, también del grupo de exempleados. Dijo que no había debates en los consejos, y que predominaba la confianza que tenían en el equipo directivo; como también lo respaldó el primer testigo, Sergio Gozalo, quien formó parte de la Comisión de Control y de la Secretaría del Consejo de Administración de Caja Segovia. En la misma línea habló Miguel Ángel Antona, que en 2006 formó parte de la Comisión de Retribuciones. A preguntas de la Fiscalía respondió que no detectaron irregularidades y por eso no lo denunciaron, pero tampoco se quejaron de que no hubiera suficiente información.
Más de 40 testigos llamados a declarar
El juicio por las prejubilaciones del equipo directivo de Caja Segovia continúa la próxima semana, en la que continuarán con los interrogatorios a los antiguos miembros del Consejo de Administración en los últimos años de funcionamiento de la entidad.
Así, para el martes 12 están covocados, entre otros, Juan José Sanz Vitorio, Miguel Ángel de Vicente, Pedro Arahuetes, Concepción Monte, Fidel García Hernández, Juan Manuel de la Puente, Felicísimo del Pozo, Rosario Díez, o Jesús Pastor García.
El miércoles 13 acudirán los acusados a título lucrativo: Miguel Ángel Sánchez Plaza, Oscar Varas, Juan Antonio Folgado, Juan Bautista Magaña y Malaquías del Pozo. También están citados como testigos Jesús Sánchez Díez, Ignacio Velasco, José Francisco Santos, Jaime Moreno, David Parra, Antonio del Pozo, y varios miembros de la Fundación Caja Segovia como Javier Reguera García, Rafael Cantalejo o Juana Borrego.
