La Audiencia Provincial de Segovia ha archivado la querella presentada por la edil Sonia Palomar (PP) contra varios concejales del PSOE pertenecientes al entonces Equipo de Gobierno por presunta prevaricación administrativa.
Así lo anunciaron ayer los concejales del PSOE, hoy en la oposición, tras la moción de censura que ha devuelto la Alcaldía al PP.
Los hechos juzgados vienen de lejos. “En 2017, Sonia Palomar, exalcaldesa y exprocuradora derrotada en su acción de oposición, no satisfecha con numerosas quejas enviadas al Procurador del Común, sin tener ningún resultado, se querelló contra los tres miembros del entonces Gobierno socialista”, comentó Alberto Navas, concejal del Partido Socialista en Ayllón.
Dicha denuncia se refería a tres expedientes: una licencia de obras de los padres de María Jesús Sanz Tomé; otro expediente referido a la adecuación de una finca particular cuyo uso había sido cedido al Consistorio por sus propietarios para dotar al casco histórico de aparcamiento; y un tercer expediente relacionado con una licencia de primera ocupación concedida en el núcleo de Santibáñez de Ayllón.
La denunciante entendía que se había producido ‘prevaricación administrativa’, y lo llevó al Juzgado de Sepúlveda. Ante dicha querella, las defensas de los denunciados solicitaron el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias. “Entendíamos que quedaba todo perfectamente acreditado” —dijo Navas—, que recordó que su recurso fue desestimado por el Juzgado sepulvedano.
Tras este rechazo, los denunciados acudieron a la Audiencia Provincial a través de la vía de apelación, instancia que el 23 de enero ha acordado finalmente el sobreseimiento libre y archivo de la causa.
Estrategia
“Aquella querella formaba parte de una sucia estrategia de persecución personal, una oposición destructiva de impugnaciones y quejas formuladas al Procurador del Común, que ni consiguieron alterar la acción de Gobierno, ni lograron amedrentar a este Equipo de Gobierno Socialista del Ayuntamiento de Ayllón”, manifestó María Jesús Sanz Tomé, exalcaldesa de Ayllón.
En este sentido, el PSOE de Segovia, en su totalidad, —ya que, comentaron, así se lo han hecho saber— celebran la decisión de la Audiencia Provincial “que pone de manifiesto el impecable y recto actuar de María Jesús Sanz, también y por supuesto, en el expediente de su familia. Creo que atentaba contra mi honestidad y creo que cuestionar la honorabilidad de una persona de esta manera, está fuera de lugar”, afirmó ayer la exalcaldesa socialista en rueda de prensa.
¿Y ahora quién paga?
El Grupo Socialista va a pedir al Equipo de Gobierno que reclame a Sonia Palomar, en calidad de firmante de la querella del PP que lidera ahora Buquerín, el coste de esta tramitación judicial. “El Ayuntamiento va a incurrir en unos gastos por culpa de la actuación de una persona. Lo que estamos pidiendo al Ayuntamiento es que se dirija contra esa persona y que le exijan que sea ella quien afronte finalmente el pago de esos gastos”, argumentó Navas. “No vamos a consentir que todos vecinos tengamos que pagar su mal hacer cuyo importe, estimamos que superará los 10.000 euros”, dijo, por su parte, Sanz Tomé.
Si bien, en el transcurso de todo el procedimiento mencionado anteriormente, los populares presentaron un contencioso-administrativo contra un decreto del Ayuntamiento de Ayllón por el cual el Consistorio se hacía cargo de los honorarios de los letrados de la defensa. Entonces el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Segovia resolvió que efectivamente, no porque no fuera legal que el Ayuntamiento anticipara ese dinero a la espera de cual fuera el resultado del procedimiento penal, sino que por cuanto “nosotros, partes afectadas, no debíamos haber suscrito aquella aprobación de aquel pago. Entonces, hubo una sentencia firme a finales del año pasado que decía que reintegráramos al Ayuntamiento esos importes”, afirmó Navas. Añadió que “en el momento en que la Justicia dice que nosotros no tenemos responsabilidad penal, es el Ayuntamiento el que tiene que hacerse cargo de estos honorarios porque no hay condena en costas, tanto en vía contenciosa como en vía penal”.
Navas insistió en la postura de María Jesús Sanz: “No vamos a consentir que quien ha querido judicializar la vida municipal, se vaya de rositas. No pueden los vecinos pagar el capricho de la señora Palomar, no pueden los vecinos pagar el capricho del PP”, sentenció el concejal socialista.
Reacción
Por su parte, la concejal popular Sonia Palomar, ha asegurado que sus abogados están valorando qué acciones emprender a la vista de una resolución de la Audiencia Provincial, la cual “va en contra del criterio de la juez instructora y del Ministerio Fiscal”. Y además señala como irrelevantes los informes negativos de los técnicos jurídicos del Ayuntamiento.
